En estos días la Cámara de Diputados del estado de México revivió la discusión sobre la iniciativa de Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de México, una iniciativa que data del año 2012 —la firma todavía Ernesto Némer como secretario de Gobierno—.
Es una iniciativa breve, con 30 artículos y tres transitorios. Nada fuera de lo común, nada extraordinario.
Tal vez lo más interesante aparezca al final de la iniciativa, que en su artículo 28 establece que el Ministerio Público y ninguna autoridad judicial podrá llamar a comparecer a un periodistas como testigo, con el propósito de que revelen sus fuentes de información. Y también la aparición de la cláusula de conciencia.
No me detengo más en ninguno de estos asuntos, porque no requieren mayor reflexión.
La periodística es una profesión que se desarrolla a partir de ciertos valores y principios que son ajenos a las leyes. Que haya una legislación o no, es cosa que ni siquiera debería estar a debate. ¿Revisar la iniciativa? Hubo más de tres años para hacerlo. ¿Proponer modificaciones? Desde mi muy particular punto de vista no tiene sentido.
Después de leerla, la iniciativa me parece inofensiva. Aunque no faltará quien crea lo contrario.
¿Debatir? ¿Qué? ¿La definición de periodista o de periodismo? A mí me parece un sinsentido, hoy que todo el mundo puede desarrollar actos periodísticos, de los que, por cierto, se nutren los propios medios de comunicación y las empresas informativas.
En pocas palabras: ni me va, ni me viene.
