Buscan redefinir asignación de brazaletes

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A fin de fortalecer las buenas prácticas y unificar criterios que permitan mejorar la operatividad del Sistema Penal en el estado de México, se llevó a cabo el segundo conversatorio con juezas y jueces de Control del Poder Judicialmexiquense de las regiones Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec y Texcoco, en el auditorio “Mgdo. Abel Villicaña Estrada”de la Escuela Judicial.

Programa de Brazaletes, fue uno de los temas.

La Consejera de la Judicatura, Edna Edith Escalante Ramírez; el Director General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad, Jaime Echartea Mojica y el Magistrado integrante del Primer Tribunal de Alzada en Tlalnepantla, Luis Ávila Benítez, abordaron temas relacionados con la labor jurisdiccional en la materia, entre ellos, el Programa de Brazaletes.

Escalante Ramírez mencionó que es importante reflexionar y analizar los tópicos de manera interinstitucional, para enriquecer los criterios y exponer los diferentes puntos de vista, así como establecer líneas de acción, por ello se ha trabajado coordinadamente con la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia de la entidad, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión de Atención a Víctimas. 

La juzgadora señaló que se trabaja interinstitucionalmente en una actualización del programa de brazaleteselectrónicos, beneficio preliberacional que se otorga a Personas Privadas de la Libertad, luego de reunir una serie de requisitos. Destacó que de esta manera se prioriza la libertad como derecho abonando a la despresurización de los centros penitenciarios.

Echartea Mojica explico cómo funciona actualmente el mecanismo de este rastreador, sistema que tiene la capacidad de ubicar a quien lo porta en tiempo real. Agregó que al momento, están colocados cerca de 2 mil dispositivos, de los cuales once están otorgados como medida cautelar. 

En su momento, Verónica Cortés Marroquín, Visitadora en materia Penal señaló que estos conversatorios responden a la circular No. 02/20211 aprobada por el Consejo de la Judicatura, con la finalidad de garantizar la excelencia en la impartición de justicia, mediante la capacitación constante de los juzgadores. 

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