La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, emitió la recomendación 14/2016 al director general de Prevención y Readaptación Social estatal, por violaciones a los derechos de un recluso, a su integridad física y moral así como a una estancia digna y segura en prisión, tras caer de una torre cuando realizaba trabajos de mantenimiento a la estructura que se coloca para visita familiar en el centro preventivo de Readaptación Social “Santiaguito” en Almoloya de Juárez.
De acuerdo a la investigación del organismo defensor, al momento del accidente el interno retiraba pintura, auxiliado por un arnés, formado por una cobija y un lazo sostenido por otros internos. Sin embargo, esa labor no es parte de la industria penitenciaria, aunque varios reos indicaron que realizan las llamadas talachas, con carácter de obligatorias, a fin de levantar basura, barrer, trapear, hacer labores de jardinería y pintura, entre otras, que son asignadas y supervisadas por otros internos a petición del área administrativa.El recluso detalló que la orden de realizar la actividad se la dio un compañero, que a su vez la recibió de otro que mantenía el control penitenciario, ya que la instrucción provenía del titular del área administrativa del Centro Preventivo, pero no le proporcionaron herramientas necesarias y no había personal de vigilancia supervisando la actividad.
A consecuencia de la caída de una altura considerable sobre un andamio y de éste al piso, el afectado resultó con hematoma cerebral que requirió cirugía para drenar; y fracturas en codo y muñeca del miembro superior, en talón y tobillo. Otras consecuencias fueron alteraciones de tipo visual y dolor constante en la cabeza, lesionando su integridad personal.
Además se quejó del trato de los servidores públicos posterior a su hospitalización, pues dejaron de darle atención suficiente, oportuna y adecuada para rehabilitar las funciones físicas requeridas para minimizar las secuelas.
Por su parte, la directora del penal, dijo desconocer la forma en que se realizaban los trabajos de mantenimiento, que eran asignados a los internos y se efectuaran en apoyo al administrador, por tanto, no tomó alguna medida de precaución; en contraste el jefe de vigilancia sí sabía de la situación y el administrador negó haber autorizado ese tipo de labores.
En ese sentido, la Codhem recomendó a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPYRS), abstenerse de tolerar y consentir cualquier acción de autoridades y servidores públicos en los penales, en especial en Santiaguito, ya que puede generarse una gobernabilidad paralela o ingobernabilidad que ponga en peligro la integridad física de los internos y altere los objetivos de readaptación y reinserción social. Por ello, debe elaborar un diagnóstico para identificar prácticas de autogobierno y diseñar un programa permanente para prevenirlas, erradicarlas y sancionarlas, facilite la denuncia ante el ministerio público para que investigue y se sancione conforme a la ley.
