Tras la presentación en el pleno del Senado de la República de la reforma a los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo para garantizar que las empresas con al menos 20 colaboradores tengan como obligación ocupar al menos el 5 por ciento de sus plazas con personas mayores de 60 años, el sector productivo del Estado de México calificó esta propuesta como justa, incluyente y conveniente para aprovechar el talento y experiencia de este grupo de la población.
Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México señaló que a la propuesta no debe tomarse como una obligación sino como una oportunidad, sin embargo, deben tomarse en consideración los impactos que esto puede generar en lo económico y en lo que las autoridades pueden incidir, como es el caso de las primas por riesgo de trabajo ante el IMSS y la contratación de seguros de gastos médicos.
La cuestión no es si se contrata o no, sino los porcentajes de cuota que se pretenden, con el objetivo de que esto sea realmente un beneficio en todos los sentidos, buscar un equilibrio que evite sobre costos que a su vez puedan generar inflación y una condición negativa de manera generalizada; la experiencia y aportación de personas con más de 60 años es una realidad y una oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas
Y es que a nivel nacional son más de 6 millones de personas de la tercera edad que forman parte de la fuerza laboral del país, sin embargo, más del 80 por ciento laboran de manera informal, por lo que esto podría mejorar sus condiciones de ingresos y la protección en materia de salud que requieren.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México solo un poco más de un millón de adultos mayores que trabajan tiene acceso a la seguridad social y prestaciones, por lo que esta condición les podría ayudar a hacer frente a una situación de enfermedad.
El mismo Inegi marca que en México el 56 por ciento de la población mayor de 50 años padecer al menos una de las siguientes enfermedades: hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares, artritis y posibilidades de un infarto.
Ante este escenario las condiciones de mejora de la calidad de vida de la población podrían ser notoriamente mejores al tiempo de reducir presión al sistema de pensiones y salud que al momento se enfrenta en el país.
