La crisis de abasto de agua que se atraviesa en el Estado de México y la zona del Valle de México afecta hasta al 65 por ciento de las empresas, principalmente aquellas que utilizan agua en su proceso de producción.
Este tema se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las empresas, al requerir el abasto continuo y de calidad en los servicios para poder hacer la planeación y decisión de sus inversiones en el corto y mediano plazo.
Mauricio Massud Martínez, Presidente de Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México señalo que seas indispensable tener una ley de AGUA a nivel nacional que garantice los proyectos de desarrollo de infraestructura, recuperación, tratamiento, y abasto de manera ordenada y que vaya más allá de los tiempos de una administración.
Desde el sector empresarial, dijo, se están haciendo los esfuerzos para concientizar tanto en los procesos productivos como con las familias de los trabajadores, la necesidad de reducir el consumo y tener esquemas de responsabilidad al respecto.
Uno de los puntos que resulta indispensable, es que el agua que la industria formal trata para su reutilización, tenga un destino eficiente, ya que al momento regresa a los drenajes y los esfuerzos y gastos que se aplican resultan inútiles.
“La totalidad de la industria formal en este Estado hace tratamiento y reciclaje del agua utilizada, las unidades económicas tienen sistemas de recopilación de aguas pluviales, pero el agua limpia y lista para volver a usarse vuelve al drenaje y se mezcla con el agua sucia, es un pendiente grave para atenderse”.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México el 76% del agua que se consume está orientada a la agricultura, el 14% al abastecimiento público y el consumo doméstico, el 5% se consume por la industria y el 5% en la generación de energía eléctrica.
Indicó que para el sector hay preocupación por la obsolescencias de la infraestructura en el país, en la que a través de fugas se desperdicia hasta el 45 por ciento del agua potable a la que puede tener acceso la población.
