Al publicarse la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas para evitar que una persona pueda laborar más de 9 horas extras por semana aun con un pago del 100 por ciento extra de su salario por día, el sector empresarial del Estado de México lamentó la manera en que ha sido redactada y la posición en que se coloca a los generadores de empleo en un trato similar al de las redes del crimen organizado y tratantes de personas.
Mauricio Massud Martínez, señaló que de manera histórica se han tenido acuerdos con los colaboradores para adecuar las jornadas a las necesidades de la producción y en muchos de los casos en beneficio de los trabajadores reduciendo sus tiempos de traslado o ampliando sus periodos de descanso, condiciones que, además, han sido consignadas en algunos de los contratos colectivos de trabajo.
Tal es el caso de personal en la industria, que cubren jornadas de 12 horas o rolan turnos o bien en el caso de elementos de seguridad, vigilantes o guardias, por lo que debe tenerse una redacción adecuada y en todos los casos que resguarde los derechos de los trabajadores y su acceso a un trabajo digno.
De manera que el sector llamó a las autoridades en materia laboral y a la próxima legislatura a fijar un posicionamiento y hacer las adecuaciones pertinentes y de manera adicional a que se establezca un plan de acción que proteja a más del 50 por ciento de la población en el Estado que en efecto trabaja sin ningún tipo de protección, es decir, en informalidad, en las calles, en condiciones insalubres y en muchos casos sin un contrato de trabajo.
“Desde el sector formal siempre ha sido y será una prioridad el cuidar la integridad y salud de los colaboradores, el respeto de sus derechos y la entrega de las prestaciones de ley, vemos que no hay una redacción o enfoque adecuada, no hay medidas que disminuyan la informalidad o garanticen los derechos de las personas siendo contratadas por terceros”
La publicación de la reforma establece penas que van desde 3 hasta 10 años de prisión, además de multas que van desde 5 mil hasta 50 mil días de salario mínimo.
