La prisión preventiva oficiosa representa una violación directa a los derechos humanos y a principios fundamentales del derecho penal, como la presunción de inocencia y el debido proceso”, enfatizó el diputado Román Cortés Lugo, al fijar el posicionamiento en contra del Grupo Parlamentario de Acción Nacional referente al proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Prisión Preventiva Oficiosa.
El legislador panista recordó que la prisión preventiva oficiosa implica el encarcelamiento de una persona desde el momento de su detención, sin que exista una sentencia condenatoria, medida que ha sido cuestionado por su impacto negativo en los derechos humanos, especialmente en lo referente a la presunción de inocencia, principio fundamental del derecho penal.
A nombre de las y los diputados de Acción Nacional, Cortés Lugo recalcó que es fundamental revisar y replantear el uso de la prisión preventiva, privilegiando medidas menos restrictivas y asegurando que ésta solo se utilice en casos estrictamente necesarios, con una justificación proporcional y razonada.
Precisó que el GPPAN está en contra de dicha reforma pero no con la finalidad de tener a los verdaderos delincuentes fuera de las cárceles sino como rechazo a falta de seguimiento al protocolo de detención y la integración de carpeta de investigación, provocando que los jueces emitan una decisión sin certeza sobre la culpabilidad o inocencia de las personas señaladas.
Además de la violación a la presunción de inocencia, la contradicción con tratados internacionales, el impacto negativo en los derechos humanos, la ineficiencia y riesgos de abusos, así como alternativas menos restrictivas, la detención temprana de un individuo puede limitar su acceso a la defensa adecuada y crear un desequilibrio en el proceso judicial, ya que la persona acusada se encuentra en una situación de desventaja frente al sistema judicial.
EXTINGUIR LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS ABRE LA PUERTA A LA OPACIDAD Y CORRUPCIÓN: JOANNA TORRES
“La militarización del país, la reforma energética, la elección de jueces, la supremacía constitucional, la prisión preventiva oficiosa, la eliminación de los órganos constitucionales autónomos, entre otras reformas, no pretende otra cosa más que la perversa concentración del poder y la prolongación de su monopolio político, no son más que los peldaños cuesta abajo hacia la dictadura”, precisó la diputada Joanna Felipe Torres.
Al fijar la postura de Acción Nacional, sobre la simplificación orgánica, la legisladora albiazul señaló que extinguir los órganos autónomos y transferir sus funciones a la administración pública federal abre la puerta a la opacidad y a la corrupción.
Mencionó que éstos garantizan transparencia, rendición de cuentas y la vigilancia gubernamental y sus funciones permiten supervisar el uso de los recursos públicos, evaluar los programas sociales y regular la competencia en los mercados
A nombre de las y los diputados locales, señaló que sí se tuviera la intensión de combatir la corrupción, el desvío de recursos públicos, el conflicto de interés, el tráfico de influencia; se permitiría la vigilancia, la evaluación, la regulación y supervisión de todas las acciones de gobierno, “para eso se requieren los órganos autónomos, independientes a los ciclos, actores, coyunturas y partidos políticos y sobre todo al gobierno en turno”.
Puntualizó que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se usan los recursos públicos, a saber en qué se gasta el gobierno sus impuestos, tiene derecho a saber sí las estrategias gubernamentales de combate a la pobreza, el rezago educativo, la desigualdad, la inseguridad y la violencia son eficaces.
