Investigadores de Cátedra Investigación, una organización dedicada al estudio de la crianza en prisión, presentaron el Protocolo para la Prevención y Atención de la No Discriminación y una vida libre de violencia. El documento, elaborado por Tania Reyes, Itzel Arriaga, José Bernal y María Fernanda Gutiérrez, busca abordar la vulnerabilidad de los niños con padres en reclusión.

Los hallazgos de la investigación revelan una vulnerabilidad estructural de las infancias en México, donde el 40 por ciento enfrenta barreras sistémicas para el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, la alimentación y la justicia.
El estudio destacó que el 25 por ciento de los niños carece de acceso a servicios de salud y 2.8 millones no cuentan con seguridad social. En el ámbito educativo, el 21 por ciento no tiene acceso a la educación básica, mientras que 387 mil viven en condición de trabajo infantil y el 59.2 por ciento en pobreza.
Además, México ocupa el primer lugar en feminicidios de menores de 17 años y se han registrado más de 1,600 casos de violencia sexual contra menores.
Específicamente, el estudio se enfocó en la vulnerabilidad de los niños con referentes de crianza en prisión, un grupo que no es reconocido como sujeto de derechos. Los investigadores señalaron que el 67.8% de las mujeres y el 60.3% de los hombres privados de libertad tienen hijos menores de 18 años.
En el estado de México, que encabeza la lista nacional en población penitenciaria con 13,712 reclusos en 2022, el 86.7% de las mujeres en prisión son madres.
Los investigadores concluyeron que la protección de los derechos de estos niños no es una prioridad para los organismos gubernamentales, a pesar de la existencia de un marco normativo.
En respuesta a esta problemática, el protocolo propone una coordinación interinstitucional entre los órganos de gobierno del estado de México. El objetivo es que esta estrategia incida en la protección de los derechos fundamentales de la infancia y en la prevención de la no discriminación y la violencia para los menores con un referente de crianza en prisión.