A propósito de que ya están disponibles los módulos de atención de los ayuntamientos del estado de México para el pago de agua, salió a la luz que 42 de cada 100 contribuyentes no cumplen con esta obligación. Y esto ha acarreado que los Organismos Públicos descentralizados mantengan entre otras cosas una deuda con la Comisión de Agua del Estado de México de más de 8 mil millones de pesos. Con toda seguridad, la pobreza y la baja capacidad de pago son determinantes en algunos casos, en otros que no les llega el agua o lo hace de forma irregular pero en quienes sí pueden pagar persiste una actitud negligente.
La idea de que el agua es un recurso abundante y gratuito lleva a subestimar la importancia de pagar por su consumo. Por otro lado, la percepción de que las consecuencias de no pagar no son severas o efectivas hace que los usuarios no aporten y la falta de pago se normalice.
Pero, ¿que hacen las autoridades con lo que recaudan en materia de agua? pues invierten en infraestructura y mantenimiento, monitorean y controlan la calidad del agua mediante procesos de tratamiento y purificación, regulan la distribución de agua, responden a emergencias, eventualmente financian proyectos de investigación sobre nuevas tecnologías y realizan campañas de educación y concientización en el uso responsable del agua y su conservación.
Así pues, la obligación de pagar por el agua que nos llega a hogares, oficinas, negocios, empresas y otros establecimientos tiene que ver con la captación, tratamiento y distribución.
Pagar por el agua es esencial para asegurar la sostenibilidad del servicio a largo plazo. Y la lógica es que, asegurar el agua requiere de financiamiento.
Tenemos que contribuir con los costos si queremos un sistema hídrico eficiente y accesible para todos.
