La 60 Legislatura del Estado de México analizará la propuesta del Ejecutivo estatal para facultar al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México a otorgar asesoría jurídica y defensa legal en materia administrativa a servidores públicos o particulares que lo soliciten, consecuente con las recientes reformas legales en materia de derechos humanos y los convenios internacionales a los que el país se ha adherido.
Recibida en sesión del Tercer Periodo Ordinario que preside la diputada Violeta Nova Gómez (morena), la iniciativa específica que el Instituto asesore a los solicitantes haciéndoles saber su derecho a no declarar en contra de sí mismos ni declararse culpables, a defenderse personalmente o a ser asistidos por un defensor perito en la materia o de oficio.
Con esta facultad se apoyaría a quien se vea implicado en un hecho administrativo conforme a lo que disponen los artículos 194 y 195 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, los cuales establecen que, en caso de que la autoridad sustanciadora admita el informe de presunta responsabilidad administrativa ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando día, lugar y la autoridad ante la cual deberá comparecer.
La iniciativa de reforma a la Ley de la Defensoría Pública del Estado de México, leída por la diputada Maribel Martínez Altamirano (PRI), fue remitida para su dictamen a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.
