Algo inminente en el estado de México es el aumento a la tarifa del transporte público de pasajeros lo que ha ocasionado inconformidad entre usuarios y ha traído movilización de organizaciones. Desde luego, la lógica es que no aumente la tarifa porque el servicio es deficiente. Tenemos de entrada, existencia masiva de unidades irregulares sin concesión, falta de renovación y modernización del parque vehicular, inseguridad y accidentes frecuentes con impunidad, y un sistema históricamente marcado por intereses políticos que han impedido una reforma integral y orientada verdaderamente a mejorar la movilidad y calidad del servicio para los usuarios.
A parte, el gobierno del estado mantiene subsidios fiscales para los concesionarios.
En lo cotidiano hay trato poco amable o grosero hacia los usuarios, comportamientos irresponsables al volante, no se respetan las paradas oficiales y la limpieza de las unidades deja mucho que desear.
En lo demás, las tarifas del transporte público en el estado de México son altas en comparación con otras regiones del país.
Es cierto que ha subido el combustible, el mantenimiento, las refacciones y las unidades y que han transcurrido siete años sin incremento de la tarifa. Pero no hay garantía de cambios reales ante un incremento.
Esta falta de cambios significativos advierte que los usuarios seguiremos enfrentando unidades en mal estado, maltrato e inseguridad, pero ahora con un costo mayor.
