La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la LXII Legislatura mexiquense, presidida por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena), aprobó por unanimidad las renuncias voluntarias de cinco personas magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
En reunión de trabajo, se avalaron las renuncias de Ana Rosa Miranda Nava, Patricia Lucía Martínez Esparza, Everardo Shaín Salgado, José Noé Gómora Colín y José Salim Modesto Sánchez Jalili, por lo cual el dictamen con los cinco proyectos de decreto fue turnado a la Diputación Permanente para su discusión y, en su caso, aprobación.
Ana Rosa Miranda renunció a su cargo en la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca (con fecha de conclusión de 15 de enero 2025); Patricia Lucía Martínez a la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca (16 de diciembre de 2024); Everardo Shaín a la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca (16 de diciembre de 2024); José Noé Gómora a la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec (15 de enero 2025); y José Salim Modesto a la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca (16 de diciembre de 2024).
Los comunicados de las renuncias fueron enviados por Ricardo Sodi Cuellar, el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura.
Al respecto, el legislador Carlos Martínez destacó que las renuncias son un ejercicio legítimo del derecho de las personas que las presentaron ante la Legislatura, reconocido por la Constitución local, así como que la determinación implica la libertad de manifestar la intención de concluir la prestación de servicios y la cual tendrá validez, de ser el caso, con la aprobación de la Diputación Permanente.
Explicó que las renuncias les brindan la alternativa de mantener el denominado haber de retiro, siempre y cuando renuncien antes del 31 de enero de 2025, con lo que obtendrán la pensión acorde a los lineamientos jurídicos previos a la reforma aprobada en la actual legislatura, así como una indemnización en el caso de antigüedad.
El diputado detalló que la próxima elección de personas juzgadoras en la entidad, primera en la historia del Estado de México, pretende cubrir un total de 28 cargos para magistraturas y 55 para juezas y jueces; y que, de acuerdo con la Junta de Coordinación Política, los comités de evaluación de la Legislatura darán a conocer en específico las plazas vacantes.
“Sin duda, vamos por un buen camino para la elección extraordinaria, del próximo primero de junio, de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y de los cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y por lo menos de la mitad de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, y los cargos vacantes, retiros programados de juezas y jueces”, afirmó el diputado, quien destacó que la otra parte se renovará en la elección ordinaria estatal de 2027.
La administración de justicia, enfatizó el legislador, es esencial para el respeto de los derechos humanos, la armonía y el bienestar social. Aseguró que un Poder Judicial sólido garantiza el Estado de derecho y paz social, creando un clima de confianza para el desarrollo individual y colectivo de la ciudadanía mexiquense.
En su oportunidad, el legislador Octavio Martínez Vargas (morena) refirió que Fernando Díaz Juárez, presidente del Poder Judicial estatal, tiene la enorme tarea de combatir la corrupción de la institución, responder a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, evitar mantenerse en la presidencia, y cuidar que los recursos humanos y económicos no se usen en favor del exmagistrado Ricardo Sodi Cuellar, para sus aspiraciones para ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
