El Consejo Coordinador del Estado de México realizará a partir del 5 de junio una convocatoria para lograr una política económica de largo plazo en la entidad, con la participación de un esquema que incluya a todos los sectores: económico, laboral, académico y social.
Laura Gonzalez Hernández, Presidenta del CCEM señaló que tras las reuniones que sostuvieron con las pre candidatas a la Gubernatura del Estado de México en el periodo inter campaña, se plantearon las necesidades que en su juicio son indispensables de atención y las cuales son viables de integrarse en las plataformas de campaña.
Algunas de las propuestas que se han presentado es el convertir al Consejo Estatal de Fomento Económico y Competitividad en un cuerpo de alto nivel que se encabezado por la próxima gobernadora, otra de las propuestas es convertir a la Sedeco en la Secretaría de Competitividad y Desarrollo de atracción de inversión nacional y extranjera; en materia de Mejora Regulatoria se propone que todos los trámites sean 100% electrónicos, tala regulatoria en todos los niveles y 60 días de gracia para las nuevas unidades económicas mediante lo cual se podría cumplir con los trámites y requerimientos de la autoridad.
González Hernández además propuso la desaparición del Dictamen de Impacto Estatal y que el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria deje de pertenecer a la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos para integrarse a la Secretaría de desarrollo económico.
Otro de los organismos que deberán ser evaluados por su funcionalidad y con el fin de saber si vale la pena que se mantengan en operación es el Instituto de verificación administrativa del Estado.
En materia de seguridad se planteó la necesidad de qué la autoridad pague las indemnizaciones que tengan que ver con el robo con los actos delictivos que afecten al sector empresarial, pues dijo, si no hay competencia para la atención o el establecimiento de estrategias de atención a este tema, son las autoridades quienes deben hacerse responsables a través de la Ley de responsabilidad patrimonial del Estado.
