Comprometido con la preservación del medio ambiente, los bosques y el campo, la LXII Legislatura mexiquense ha aprobado sanciones para quienes alteren el ciclo hidrológico y quienes reincidan en la disposición de residuos sólidos, así como para promover la participación de comunidades indígenas y afromexicanas en decisiones que afecten sus territorios.
En el marco del Día Internacional de los Bosques (21 de marzo), el Congreso local aprobó la regulación de sistemas antigranizo, avionetas antilluvia o cualquier tecnología que modifique el ciclo hidrológico, cuya aplicación requerirá un permiso, o habrá sanciones de hasta seis millones 222 mil 700 pesos. Esta iniciativa, impulsada por el PVEM, el legislador Isaac Josué Hernández Méndez (PT), la diputada Leticia Mejía García (PRI) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, busca proteger al campo y los bosques de impactos negativos por alteraciones en los patrones de precipitación.
Asimismo, faculta a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible a regular la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera que puedan ocasionar desequilibrios en los ecosistemas o afectar la biodiversidad y calidad del agua.
A propuesta del PVEM y de la gobernadora, se avaló imponer trabajo comunitario en la protección ambiental a quienes reincidan en la disposición de residuos sólidos en la vía pública, áreas comunes y zonas forestales.
Buscan endurecer sanciones contra la tala ilegal
En estudio se encuentran iniciativas de la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) para imponer penas de 12 a 20 años de prisión y de mil 500 a tres mil días multa a quienes participen en la tala ilegal, con el fin de contrarrestar la pérdida de bosques maderables. También se busca sancionar a quienes inciten a adultos mayores a estas actividades y agravar penas cuando los delitos sean cometidos en áreas naturales protegidas o con violencia.
En esta dinámica, la legislatura recibió la iniciativa “XäntheDehe del Alto Otomí” para la protección del “Bosque de Agua”, que abastece de agua a 20 millones de personas y abarca 250 mil hectáreas en el Estado de México, Ciudad de México y Morelos. La propuesta incluye acciones de conservación, combate de incendios y saneamiento ambiental.
