Tras un año de ejercicio, esta mañana Everardo Camacho Rosales, contralor del Tribunal de Justicia Administrativa, resaltó la importancia de que los órganos internos de control, que vigilan la correcta aplicación de los recursos públicos, en los términos de la ley de responsabilidades sean los primeros que aún sin estar obligados, rindan cuentas, por lo que presentó a la LXI Legislatura mexiquense, su informe anual donde destacan 286 denuncias contra servidores públicos del Tribunal de Justicia.
“En este informe estamos reportando el trámite de desafortunadamente 286 denuncias en contra de servidores públicos del Tribunal de Justicia administrativa también esto creo que se debe a un rezago porque recordemos que desde el 31 de agosto que se emitió la nueva Ley Orgánica del tribunal de justicia estuvo acéfala la unidad administrativa y no hubo contralor”.
Detalló que se recibieron muchas quejas en 2018, 2019, 2020 y 2021, algunas a las que no se dio trámite, otras se están atendiendo e incluso reconoció hubo denuncias que prescribieron.
“Prescribieron, porque de conformidad con la ley tenemos 3 años para investigar una falta administrativa no grave y 7 para una falta grave. Cuando se advierte de los elementos de la investigación que hay daño patrimonial o actos de corrupción se tienen 7 años para investigar”
Según Camacho Rosales, hasta el momento ya concluyeron 66 por prescripción o por carecer de alimentos y quedan activas 220, de las cuales realizan indagatorias conforme a la Ley para definir cuáles son graves.
Sin embargo recordó que el Tribunal de Justicia Administrativa no tenían marco jurídico idóneo para investigar, y que esa facultad se le otorgó el 29 de marzo tras reformar el reglamento interno, por lo que apenas llevan 5 meses con la competencia para pedir informes a las autoridades estatales y unidades administrativas al interior del Tribunal para evitar vicios.
