Que levante la mano quien crea que la corrupción es uno de los principales problemas estructurales que tiene México. Y el estado de México, naturalmente. Ya pueden bajar la mano y volver a sostener como Dios manda el celular o la tableta o la computadora o lo que sea que estén utilizando para leer esta reflexión.
Una encuesta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, esa organización que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que es fifi, conservadora, hipócrita y otros epítetos semejantes, señala que los mexicanos creen que la corrupción ha empeorado.
Que vamos de mal en peor y que casi ninguna actividad pública se salva de las manchas de la deshonesta podredumbre del soborno, el cohecho, la omisión y la perversión.
Que los diputados son los funcionarios públicos más corruptos —hasta los policías de tránsito son más honestos—.
Que en todos los partidos políticos hay corrupción, pero especialmente en el PRI.
Y que el presidente de la república es honesto.
Tres de cada cuatro mexicanos cree que los diputados y senadores son corruptos. Dos de cada tres piensan lo mismo de los gobernadores o gobernadoras de su entidad, misma proporción que aplica para los alcaldes, alcaldesas o presidentes o presidentas municipales de todas las demarcaciones políticas de los Estados Unidos Mexicanos.
Deberían estar preocupados los legisladores —federales y locales—. Aunque seguramente sus canchanchanes, chalanes, achichincles y muy respetables colaboradores les dirán al oído que la cosa no es con ellos. Y que en todo caso es asunto de la prensa —fifi o chaira, según sea el caso— y de sus adversarios políticos. Nunca habrá un poquito de autocrítica. Siempre serán los otros. Siempre habrá un compló, fuerzas oscuras o “poderes fácticos” a lo que acusar de sus yerros. Mucho más ahora que están cerca de iniciar campañas políticas para reelegirse en un cargo público o buscar otro.
Los diputados —locales y federales—, así como los senadores lograron desbancar a la policía del deshonroso primer lugar de percepción de la corrupción. Y dudo que tal percepción mejore, por su sordera y ceguera selectiva.
El arriba firmante podría seguir adelante con los resultados de la encuesta, pero no se le pega la gana. Los datos citados son suficientes para poner sobre la mesa el hecho de que la actual administración federal hizo de la lucha contra la corrupción su principal bandera. En campaña, y ya durante su gobierno, si al presidente le preguntan cómo resolver un determinado problema, habitualmente la respuesta es —y era— algo así como “acabando con la corrupción”. Y nomás no termina de convencer al público conocedor de que está acabando con este pernicioso fenómeno, que campea en las esferas del poder.
