La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre San Salvador Atenco viola las obligaciones internacionales de derechos humanos de México, asegura Amnistía Internacional.
El organismo considera que el hecho de que la SCJN haya descartado la presunta responsabilidad de altos funcionarios federales y estatales (Eduardo Medina Mora y Enrique Peña Nieto) en los agravios cometidos en San Salvador Atenco es a todas luces violatorio de convenios internacionales.
Mediante comunicado, sostiene que “México está obligado a investigar a los funcionarios que presuntamente ordenen, instiguen, induzcan el uso de la tortura o la cometan directamente y a quienes, pudiendo impedirla, no lo hagan”.
El organismo lamentó que la resolución no reconozca la calidad y cantidad de información recabada por la comisión investigadora, para establecer las violaciones de derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, tales como la tortura.
Incluso manifiesta que la resolución parece ignorar el trabajo desarrollado por la comisión investigadora, el cual califica de valioso, y el Informe presentado por el Ministro Jesús Gudiño, que señala que aún sin evidencia que los altos funcionarios hayan ordenado los abusos, éstos pueden estar implicados por no haber tomado medidas para frenarlos.
Cita AI que “la Corte se limita a referir a la violaciones a las garantías individuales y no hace ningún reconocimiento explicito de los tratados internacionales en la materia que son vinculantes para el Estado mexicano”.
En tal sentido, considera que el gobierno federal debe mostrar liderazgo para asegurar que las investigaciones penales de todos los responsables por las violaciones de derechos humanos empiecen a realizarse de forma imparcial y eficaz.
Apunta el documento que es positivo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconozca que hubieron graves violaciones de derechos humanos cometidas en San Salvador Atenco en mayo de 2006 y que haya instado a que se amplíen las investigaciones para establecer las responsabilidades de los directamente implicados.
Por ello, corresponde “al gobierno del Presidente Felipe Calderón asumir la responsabilidad de garantizar justicia y reparaciones a las víctimas en el caso de Atenco”.
