Ahora que un senador de la república ha puesto en el debate una iniciativa de ley para el uso de armas de fuego en los negocios mexicanos y vehículos personales, a manera de defensa, uno se pregunta si el legislador sabe lo que hace.
Y es que ya lo hemos dicho aquí en alguna ocasión: que quien tiene un arma está pensando en usarla. Por tanto, si algún presunto delincuente entra a un establecimiento comercial, industrial o de servicios o nos intenta atacar es susceptible de recibir un disparo o caer muerto. Y nosotros de convertirnos en asesinos.
¿En dónde queda entonces la seguridad como garantía constitucional?, ¿y la seguridad que ya por su cuenta deben pagar las empresas o industrias para resguardar sus instalaciones?
La seguridad de los mexicanos es un asunto que le corresponde resolver al Estado y no a particulares. Es un tema de bienestar mayor. Lo único que lograremos portando pistolas es vivir en la zozobra como se vive aquí en Estados Unidos sabiendo que el de al lado puede traer un arma y a la menor provocación activarla.
Señor Jorge Luis Preciado, legislador: “cuando las armas hablan, las leyes callan”, lo dijo Marco Tulio Cicerón. Su deber es hacer leyes y que se cumplan.
