Como resultado de las lluvias e inundaciones en los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz nuevamente sale a flote la solidaridad de la gente por encima de las tareas realizadas por el gobierno. La sociedad mexicana se ha movilizado para ayudar a vecinos y desconocidos, donando alimentos, medicinas y ropa y llevando a cabo labores de rescate y apoyo sin esperar a la intervención oficial. Esta respuesta espontánea y profunda tiene raíces en una cultura de apoyo mutuo y comunidad que se activa en situaciones de emergencia, mostrando una capacidad de organización popular que supera los tiempos y alcances del gobierno.
Y hay que decirlo, la acción estatal enfrenta limitaciones logísticas, políticas, burocráticas o de recursos, que hace que la percepción pública valore más la ayuda del pueblo. A esto se agrega el mal uso de recursos del extinto Fondo Nacional de Desastres y que las entregas se hacen en empaques del partido en el gobierno.
Los damnificados están desesperados, con daños severos en viviendas y servicios básicos. El gobierno en sus tres niveles tiene que enfrentar ahora su responsabilidad en las omisiones a las que se hallan la falta de inversión en infraestructura y las alertas tardías; son estos quienes deben garantizar la protección, auxilio y reconstrucción, sin dejar esa carga en manos exclusivas de la sociedad civil o la solidaridad espontánea.
