Habitantes de la Comunidad de Acatzingo, perteneciente al municipio de Tenancingo, denunciaron que la administración municipal ha realizado la autorización de manera ilegal, para la construcción de fraccionamientos en parcelas que pertenecen a la Comunidad.
De acuerdo con el presidente de Bienes Comunales, desde hace 20 años a la fecha, fraccionadores han querido ocupar sus tierras comunales y han sido víctimas de autoridades estatales y municipales al explotar y arrebatar sus tierras comunales.
“Estamos inconformes con el gobierno, queremos que nos devuelvan nuestras tierras; nuestra asamblea de comuneros de Acatzingo, de Tenancingo, estado de México nos ha dado la confianza y queremos conservar nuestra autonomía e identidad cultural; solicitamos se respeten nuestros usos y costumbres”.
Por lo anterior han determinado hacer un frente común en defensa de tierras, aguas y bosques, ya que las autoridades han permitido el despojo de tierras, y además denunciaron que les han cancelado sus títulos de agua.
Aunado a ello, los pueblos y comunidades indígenas han sido discriminados, por lo que dijeron buscarán recobrar su autonomía y unidad como Pueblos Originarios, ya que no quieren más despojo por las intromisiones en sus asuntos internos dentro del polígono indígena y comunal, al permitir fraccionar y construir casas sin consultar a sus asambleas.
Informaron que hasta el momento por la construcción de viviendas en la parcela 737 del núcleo comunal, se dio la cantidad de 5 millones de pesos al ayuntamiento de Tenancingo, sin que se tomara en cuenta a la asamblea ni a la Comunidad.
Ante la falta de competencia de las autoridades municipales para dar permisos de construcción, surgieron que se realice una reforma agraria, por lo que acudirá al Senado de la República para que respalde el polígono indígena, donde hay tierras comunidades y que sean las autoridades del Senado quienes revisen los procedimientos, y resuelvan por las arbitrariedades cometidas a sus derechos agrarios.
Por el momento ya han iniciado denuncias en materia de amparo a nivel federal y estatal, pero exigieron que las autoridades justifiquen por qué han permitido la construcción de casas en sus parcelas.
