El Representante Social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la participación de Astrid Alexandra Plaza Ortega y Luis Rafael Velazco Pineda, ambos de nacionalidad venezolana, en el delito de trata de personas, en la modalidad de que se beneficie de la explotación sexual, mediante el engaño y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de la víctima, ilícito por el cual fueron condenados a 19 años y ocho meses de cárcel.
Ambas personas fueron encontradas culpables de este ilícito en agravio de una joven de 19 años de edad de nacionalidad venezolana, a quien obligaban a realizar exhibiciones privadas de orden sexual en un restaurante-bar en el municipio de Tlalnepantla.
Las investigaciones realizadas por personal de esta Institución, permitieron establecer que a principios de marzo del año 2018 la víctima quien se encontraba viviendo en Venezuela y fue contactada por Luis Rafael Velazco Pineda de nacionalidad también venezolana, pero que radicaba en México, mismo que le aseguró que le había conseguido trabajo como mesera en nuestro país.
Por ello, en el mes de abril la víctima viajó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde la esperaba este sujeto y Astrid Alexandra.
Estas personas la despojaron de su pasaporte, la amenazaron diciéndole que tenía una deuda con ellos y hasta pagarla le entregarían su documentación, luego la trasladaron a un domicilio en el municipio de Naucalpan, en donde la alojaron.
Desde esa fecha la víctima fue trasladada, por las noches, a un restaurante-bar en donde laboraba y era obligada a realizar exhibiciones privadas de orden sexual.
Una vez que esta Institución tuvo conocimiento de los hechos, en julio del año 2018, el Agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente, y Policías Investigadores se encargaron de realizar diversas indagatorias para detener a los probables tratantes.
Estas dos personas posteriormente fueron detenidas en cumplimiento de órdenes de aprehensión, por lo que fueron ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de un Juez para que determinara su situación legal.
