Cada año, miles de jóvenes mexiquenses aspiran a ingresar a la universidad. Por razones que estaría de sobra señalar, fundamentalmente económicas, la gran mayoría apunta como primera opción a las universidades e instituciones públicas de educación superior. Y cada año, la capacidad limitada de esas instituciones provoca que una parte considerable de los aspirantes —un titipuchal, en lenguaje común— quede fuera del sistema educativo público.
Este fenómeno en el que la demanda supera la oferta, genera una presión constante sobre los recursos y la infraestructura universitaria, haciendo evidente la necesidad de ampliar las instalaciones y aumentar la oferta educativa, algo que no ocurre e manera constante. Desde hace décadas, la educación superior pública se ha quedado corta: de cada 100 niños que ingresan a la primaria, sólo 39 alcanzan un nivel universitario. Luego entonces, 61 se quedan en el camino. Y solamente 26 de esos 100 concluyen una carrera profesional: tres cuartas partes de los salones de clase de primaria no terminan una formación universitaria.
Si multiplicamos estas cifras por los varios cientos de miles de estudiantes que inician la primaria, tenemos un volumen de jóvenes que se quedan en el camino, que es más grande que mis malos pensamientos.
Y si bien se han creado instituciones públicas, dependientes del gobierno estatal o federal, para atender a quienes no ingresan a la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Nacional Autónoma de México o el Instituto Politécnico Nacional, el reto sigue siendo la capacidad de las universidades públicas y los espacios disponibles para los estudiantes. No ha habido inversión suficiente ni fondos públicos para que las instituciones crezcan, y en el caso de la entidad mexiquense, parte de los fondos se han ido a pagar herencias pendientes, dejando de lado las investigación, la docencia y la infraestructura —sin olvidar que esos espacios suelen ser para premiar a la alta burocracia—.
Es verdad, existen diversas estrategias para mitigar el problema de la falta de espacios, como la creación de nuevos campus y escuela y la apertura de más programas educativos, que al comenzar de cero tardan en consolidarse, mientras los espacios consolidados se dejan de lado, impidiendo su crecimiento. De cualquier modo, la expansión de la infraestructura educativa no ha sido suficiente para satisfacer completamente la demanda creciente de una juventud creciente. La brecha entre el número de solicitantes y los espacios disponibles sigue siendo un desafío.
Y muchos jóvenes se ven obligados a buscar alternativas en universidades privadas, lo que implica un costo económico —muchas veces considerable— para sus familias. Esta realidad subraya la necesidad de seguir invirtiendo en la educación pública y de desarrollar políticas que permitan ampliar el acceso a la educación superior.
