Diputados locales cuestionaron los resultados de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a un año de su creación, y señalaron la incidencia de feminicidios y de casos de personas desaparecidas, como parte de las tareas pendientes en la defensa de los derechos humanos de niñas, niños y grupos indígenas en la entidad.
Durante la comparecencia del titular de esa secretaría, Rodrigo Espeleta Aladro, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno, el diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez dijo que “en la tarea de garantizar los derechos humanos por parte del gobierno estatal, evidentemente esta administración queda reprobada” y agregó que su comparecencia obliga a la Legislatura “a hacer una profunda reflexión en materia de impartición de justicia y respeto a los derechos humanos”.
El legislador cuestionó que durante la presentación del Plan de Desarrollo del Estado de México, el gobierno estatal haya celebrado que el documento sería un referente por ser el primero del país en estar alineado a la Agenda 2030 aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, ya que, consideró, no se han cumplido los objetivos establecidos.
Al preguntar cuáles son las acciones para velar por los derechos de las víctimas de feminicidios y de sus familiares, exhortó al gobernador a las autoridades judiciales y a los ministerios públicos a restablecer el estado de derecho y aplicar protocolos de desaparición forzada y trato digno a las familias.
La legisladora Violeta Nova Gómez, también de morena, preguntó por qué los programas, servicios y la defensoría de los derechos humanos no llegan al sur de la entidad, pidió acciones contundentes para cambiar la realidad de los municipios de esa zona e invitó al funcionario a un recorrido para que observe las condiciones en las que viven los ciudadanos.
La diputada del PRI, María Lorena Marín Moreno preguntó sobre las acciones de la secretaría para garantizar los derechos humanos de los mexiquenses; mientras que su compañero de Grupo Parlamentario, Juan Maccise Naime, preguntó sobre el estatus del Sistema Penal Acusatorio.
El diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez (PT), lamentó que la impartición de justicia en la entidad solo beneficie a quienes tienen recursos económicos, que se cuiden los derechos humanos de los delincuentes pero no de las víctimas, la operación de 10 grupos criminales en la entidad, que el Estado de México tenga el primer lugar nacional en feminicidios, así como los problemas de límites territoriales entre municipios.
En representación del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, señaló el incremento de 133 a 802 millones de pesos, de 2017 a 2018, en el presupuesto de la secretaría, las acciones del gobierno para acabar con los feminicidios y la desaparición de niñas, la aplicación de los 30 millones de pesos para acciones de mitigación en los 11 municipios donde ha sido declarada la alerta de género, así como la capacitación de los funcionarios estatales para no revictimizar a las víctimas.
Del Partido Encuentro Social, la diputada Juliana Felipa Arias Calderón, quien lamentó que inicialmente no se permitió la entrada al Congreso de manifestantes que querían presenciar la comparecencia dijo que la secretaría no ha reportado avances significativos pese a su estructura, conformada por la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a las Víctimas, el Instituto de la Defensoría Pública, el Registro Civil, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y el Instituto de la Función Registral.
Preguntó por qué no se realizan acciones para acabar con la violencia de género en todos los municipios mexiquenses, la marginación y opresión a los pueblos indígenas y originarios, los homicidios y delitos dolosos, así como el mal desempeño de funcionarios estatales. También pidió revisar los expedientes de las personas encarceladas injustamente y la implementación de un programa real de derechos humanos.
Por el PRD, su coordinador, el diputado Omar Ortega Álvarez criticó los feminicidios y la Declaración de Alerta de Género en solo 11 municipios de la entidad, además preguntó al secretario sobre la modificación de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza en el Estado de México para su aplicación.
María Luisa Mendoza Mondragón, diputada del PVEM, solicitó información sobre las medidas para optimizar la búsqueda de personas desaparecidas, así como de las acciones de prevención y sobre los procesos de atención a los familiares de las víctimas.
Al responder los cuestionamientos de los diputados, el secretario Rodrigo Espeleta aceptó que por la conformación transversal del área que encabeza, las acciones y resultados deben observarse de manera integral, aunque aceptó que la seguridad para las mujeres es uno de los principales retos pendientes en la entidad.
Dijo que 54 por ciento de las mujeres en la entidad han sufrido violencia intrafamiliar, por lo que subrayó la necesidad de intensificar acciones de prevención de la violencia desde los hogares a través de programas que incluyan a hombres y mujeres, y especificó que el Estado debe fomentar la sensibilidad de la ciudadanía al respecto.
Sobre la Ley que Regula el Uso de la Fuerza en el Estado de México, el secretario dijo que un estado no puede tener seguridad a costa de los derechos humanos, por lo que se pronunció a favor de modificaciones a la ley, pero señaló que su aprobación depende de la Legislatura. También señaló acciones para combatir la desaparición de personas y manifestó su disposición para abordar las inquietudes de los diputados de manera particular.
