Este jueves se presentó en Sesión de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura, la iniciativa enviada por el gobierno estatal, sobre la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), medida que, de acuerdo con la iniciativa, tiene como objetivo principal alinear la administración pública con los planes de gobierno, modernizarla, eliminar la duplicidad de funciones, reducir la burocracia y optimizar el gasto público, a través de la simplificación de estructuras y la modernización de los marcos jurídicos.
También señala que las funciones del Instituto de Transparencia serán transferidas a «autoridades ya existentes en materia de control interno y de vigilancia», del Poder Ejecutivo, mientras que el personal operativo del Instituto también será reubicado, lo que, según la iniciativa, no solo no incrementará la carga financiera, sino que disminuirá el gasto de operación.
Una vez que el Instituto de Transparencia sea extinguido, sus responsabilidades serán asumidas por la Contraloría, como lo confirmó el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Diputación Permanente:
“A nivel federal se entiende que ya está determinado que quien absorbe estas funciones es la Secretaría Anticorrupción, y en el caso del Estado, a nosotros nos parece que la dependencia del Ejecutivo que tiene las voluntades para poder atender, es la Secretaría de la Contraloría. Esa es la opinión que tenemos desde el punto de vista de una interpretación literal a lo que se aprobó en la reforma a nivel federal. (…) Se tendrá que hacer una reforma también a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para poderle generar atribuciones a la Secretaría de la Contraloría en esa materia, y de ahí se determinará si es una dependencia o es un -órgano- desconcentrado”.
La instancia que supla al Infoem, será la encargada de formular programas de difusión de la cultura de transparencia y protección de datos personales, y las autoridades de control interno y vigilancia u homólogas en el ámbito estatal serán competentes para conocer los procedimientos de revisión contra los actos de los sujetos obligados.
Mientras que, las personas Comisionadas del Instituto de Transparencia concluirán sus funciones en el momento en que entre en vigor la nueva legislación secundaria, con un plazo de 90 días para ello; y en caso de que la vigencia de sus nombramientos concluya antes de la entrada en vigor de la nueva legislación, sus funciones finalizarán previamente.
