El dirigente del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, Omar Ortega Álvarez, consideró que el gobierno de Eruviel Ávila Villegas ha incentivado que el transporte público se convierta en terreno propicio para la comisión de ilícitos, desde el otorgamiento de concesiones hasta en la operación de las unidades. Situación que está fuera de control.
Ahora el extremo, dijo, es el paro escalonado que anuncian los transportistas, por ello urgió a la Secretaría de Movilidad a no esperar hasta el lunes para tomar acciones preventivas e implementar un operativo de transporte emergente, evitando que miles de personas se queden sin servicio a partir de la próxima semana.
Lo anterior, luego del amago de más de 150 organizaciones de transportistas, quienes sentenciaron que a partir de la próxima semana iniciarán paros escalonados, lo que provocaría que miles de personas no lleguen a tiempo a su centros de trabajo o planteles educativos.
El también diputado federal puntualizó que autoridades del transporte dejaron crecer el “monstruo”, y ahora las autoridades y los usuarios son rehenes de los concesionarios.
Recordó que en el pasado el mismo Secretario estatal de Movilidad, Isidro Pastor, ha señalado que no había un padrón completo de concesionarios. Incluso el funcionario daba cifras aproximadas como las 102 mil concesiones de taxi, y 63 mil de ruta fija. Se estimaba que había alrededor de 200 mil operadores y al menos 60 mil vehículos irregulares. Aunado a que el llamado Decálogo del Transporte fracasó.
Ortega comentó que en mayo de 2013 el Gobernador puso en marcha ese decálogo, tras admitir que su gobierno estaba en deuda con la sociedad, ya que no se había hecho lo necesario para brindar a la población el servicio de transporte público que se merecía.
Entre las medidas a tomar estaban la capacitación, certificación y aplicación de exámenes a operadores, implementación de uniformes y gafetes de identificación; brindar a operadores servicio médico a través del IMSS; implementación de esquemas de prepago, habilitar internet inalámbrico a bordo de las unidades y sistemas de información de rutas y horarios para los usuarios.
Así como revisiones mecánicas periódicas de unidades para abatir riesgos de accidentes y reducir los índices de contaminación; habilitar mobiliario urbano multifuncional “para que los usuarios cuenten con espacios públicos de espera dignos y seguros”, donde exista información de rutas y horarios; instalación de cámaras de videovigilancia y botones de emergencia conectados al sistema de emergencia 066 para evitar asaltos; ampliación del transporte masivo y reordenamiento de rutas en el Valle de Toluca.
La ciudadanía sigue esperando todo eso, señaló el dirigente del PRD estatal.
Ortega aseveró que el transporte público es vital para los mexiquenses, pues a través de las unidades del servicio público de pasajeros se realiza entre el 70 y 80 por ciento de los aproximadamente 7 millones de viajes-traslados registrados en territorio estatal al día (2 millones son con incursión al Distrito Federal).
Eso representa que al menos entre el 30 a 50 de los ingresos familiares es destinado para pagar sus traslados.
Ortega afirmó que con los recientes anuncios del gobierno mexiquense y concesionarios, los ciudadanos, quienes son los menos culpables, quedaron en medio de las acusaciones;
Los concesionarios, afirmó, acusan que la Secretaría de Movilidad no pudo concluir el proceso de renovación de concesiones de 80 mil unidades y el plazo vence el 30 de junio.
En este sentido, apuntaron que si no se cumplió con el trámite, fue porque de las 12 ventanillas únicas en la entidad, sólo funcionan tres y están saturadas para cumplir con esa obligación
En contra parte, el Secretario estatal de Movilidad, Isidro Pastor Medrano, anunció que se realiza una investigación sobre un posible caso de corrupción consistente en la presunta expedición ilícita de 502 concesiones en las que estarían involucradas 10 personas que ya no trabajan en el gobierno mexiquense, cuatro fueron mandos medios y superiores mientras que seis fueron servidores públicos operativos.
También reconoció en meses anteriores, que la corrupción y malos servidores públicos de esta Secretaría, permitieron que la flota de transporte de pasajeros “pirata”, se triplicara, pasando de 20 a 60 mil unidades.
Estas autoridades deben asumir su respectiva responsabilidad, lo mismo que los transportistas, pues la proliferación de esas unidades apócrifas permite la comisión de todo tipo de delitos, aseveró.
Tan sólo por mencionar algunos, basta señalar los abusos sexuales contra pasajeras, asaltos a mano armada con saldo de personas lesionadas o muertas, así como linchamientos donde ante el hartazgo de los usuarios, deciden hacerse justicia por propia mano, agregó Omar Ortega Álvarez.
