El estado de México sufre de la desconfianza mayoritaria de sus ciudadanos hacia las instituciones de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia debido a la impunidad que impera sobre estas.
Recientemente la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) dio a conocer los resultados del Índice Global de Impunidad México 2018; un estudio en el que la entidad mexiquense ocupa el primer lugar en impunidad a nivel nacional.
El analista, especialista en seguridad, derecho y política, Arturo Argente Villareal argumenta que el rebase de la impunidad en las instituciones de procuración de justicia, se debe a la falta de capacidad de los elementos de seguridad y agentes ministeriales.
A la corrupción, la falta de ética de los servidores públicos, el exceso de trabajo de los mismos y los elementos de seguridad, la falta de jueces y la dependencia del gobierno hacia estas instituciones. Aunado al fracaso del sistema penitenciario.
“El estado de México está viviendo una situación muy difícil. Es una verdad muy cruda pero, la realidad, nos está manifestando a gritos que (la gente) ya no creen en la policía, no creen en el sistema de justicia”.
El surgimiento de justicieros en el transporte y los linchamientos públicos, son solo algunos ejemplos que precisó el especialista, y que exponen la deficiencia de las policías municipales, estatales y federales.
La Fiscalía General de Justicia de la Entidad (FGJEM) sufre de impunidad ante los intereses del gobierno mexiquense, el cuál debe aprender a emanciparse del órgano autónomo de impartición de justicia, lo que significaría – dijo – un gran paso para el combate a la impunidad.
“Hay que separar lo legal de lo político, no podemos permitir que lo legal se mescle con lo político; lo legal a lo legal y lo político a lo político. No podemos permitir que consejeros, diputados senadores, formen parte de un sistema de justicia en el cual necesitamos a los más preparados, a los que tengan mayor mérito, no a los que tengan mayor influencia, mayor relación con el gobernador o el presidente. En eso estamos fallando”.
Por otra parte, el Poder Judicial se ha visto obligado a redireccionar sus actuaciones a favor de los derechos humanos dando pie a que el estado de derecho pase a un estado neoconstitucional; es decir, las autoridades privilegian los derechos humanos, que a su vez benefician al presunto responsable de algún delito. Además de sufrir de los escasez de jueces, lo que obliga – también – a la creación de nuevas plazas para jueces capacitados.
Otra de las soluciones que permitirían reducir el nivel de impunidad es la consolidación de la figura del Ministerio Público, la cual se encuentra abandonada y manejada por elementos sin capacidad, lo que impide fomentar la denuncia, asimismo la participación de Organizaciones No Gubernamentales internacionales que contribuyan a informar a la población.
