La quema de unidades del transporte público en Otzolotepec es una muestra contundente del enojo, coraje, rabia e irritación contra choferes y concesionarios irresponsables y soberbios pero todavía más hacia la impunidad.
La impunidad la permite y alienta la autoridad municipal y el gobierno del estado de México al dejar pasar multas, suspensión del servicio, cárcel, reparación del daño e implementación de medidas de seguridad a quienes conforman el sistema de transporte.
Si no se quiere seguir viendo actos de justicia por propia mano, porque escandalizan, la única manera de acallarlos es con el cumplimiento de la ley.
Que el gobierno en sus diversos ámbitos haga su trabajo de ejercer el poder como lo establece la Constitución y demás normas y reglamentos. Decir no a los grupos de poder y de presión como el del transporte.
Pero para ello se requiere de gobierno fuerte y decidido. Ese que nos prometieron que iría con todo.
