El asesinato de Fernando, un niño de La Paz, no puede reducirse a una tragedia aislada. Es el retrato doloroso de un Estado de México donde la infancia vive en la intersección de la violencia, la pobreza y el abandono institucional.
La inseguridad se alimenta de la descomposición social, la falta de oportunidades y la normalización del maltrato.
La ausencia de políticas públicas eficaces para proteger a niñas y niños, junto con la impunidad que reina en los delitos contra menores, crea un terreno fértil para que historias como la de Fernando se repitan.
La indignación no basta; se requiere voluntad política para atender las causas estructurales, fortalecer redes comunitarias y garantizar que la justicia llegue. Las autoridades suelen ser corresponsables por sus omisiones y desinterés.
Cuando un niño es asesinado, la sociedad entera ha fracasado.
