La Diputación Permanente de la 60 Legislatura mexiquense encomendó a la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, cuya presidenta es la legisladora Karina Labastida Sotelo (morena), emitir la Convocatoria Pública y sustanciar el procedimiento para elegir a los 13 integrantes del Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares de la entidad.
Lo anterior, conforme al acuerdo que elaboró la Junta de Coordinación Política, que preside el diputado Maurilio Hernández González, el cual indica que los integrantes deben ser nombrados por la Legislatura previa consulta pública y con la participación efectiva y directa de las organizaciones de familiares y defensoras de los derechos humanos, así como de grupos organizados de víctimas y expertos.
Dispensado del trámite a comisiones de dictamen por estimarse de urgente y obvia resolución, el documento, leído en la sesión por la diputada Rosa María Pineda Campos, retoma que este Consejo es mandato de la ley publicada el 23 de diciembre de 2019 en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, y entró en vigor al día siguiente, según dispone el artículo primero transitorio del decreto correspondiente.
Agrega que el artículo 33 establece que el Consejo Estatal Ciudadano es un órgano de consulta de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de México y forma parte del Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de Prevención, Investigación y Búsqueda de Personas.
Detalla además que el artículo 34 establece que el Consejo Estatal Ciudadano estará integrado por un familiar de personas desaparecidas por cada una de las ocho regiones del estado —Centro, Oeste, Noroeste, Norte, Este, Sureste, Noreste y Nornoreste—; dos especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos con conocimiento en la búsqueda de personas desaparecidas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General, y tres representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.
