La iniciativa de Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas en el Estado de México garantizará los derechos civiles y la personalidad jurídica de la persona desaparecida en beneficio de su familia y personas cercanas, destacó la diputada Karina Labastida Sotelo (Morena), al presentar su iniciativa en reunión de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.
En la primera reunión de trabajo para analizar esta propuesta, en la cual participó de forma remota, Edith López Hernández, consultora de la oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado de la ONU, dijo que en el Estado de México se ha trabajado una iniciativa con amplios beneficios para las víctimas, y Karina Labastida señaló que en atención a las peticiones de familiares y colectivos se incorporó la figura de la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición (DEA), para asegurar la protección de familiares y personas cercanas de la víctima.
Esta ley, indicó Karina Labastida, protegerá los derechos laboralesde las personas servidoras públicas declaradas ausentes por desaparición, así como los derechos de sus familiares, particularmente de hijas e hijos menores de 18 años, para percibir las prestaciones que la persona desaparecida recibía, entre estas la seguridad social.
También fija plazos para que los familiares u otras personas legitimadas por la ley accedan, previo control judicial, al patrimonio de la persona desaparecida, además de que prevé la suspensión provisional de actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la víctima.
En la reunión presidida por la diputada Angélica Álvarez Nemer, el diputado Gerardo Ulloa Pérez reseñó la iniciativa y dijo que la desaparición de personas es un delito de lesa humanidad que transgrede los derechos humanos de las víctimas directas y deja conflictos relacionados con sus derechos laborales, patrimoniales, civiles, tributarios y mercantiles.
En su momento, la legisladora Mariana Uribe Bernal (Morena) dijo que de aprobarse esta ley, será un parteaguas para la entidad, ya que las y los desaparecidos en el contexto actual de inseguridad no habían sido reivindicados. La iniciativa, adelantó, incorpora principios como el de buena fe, celeridad, igualdad y no discriminación que tanto faltan en el sistema de justicia.
Las legisladoras Lorena Marín Moreno (PRI) y María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) anunciaron el respaldo de sus grupos parlamentarios a la iniciativa y señalaron que su aprobación dará certeza jurídica a los familiares o dependientes de las víctimas, mientras que el diputado José Antonio García García (PAN) también anunció su respaldo a la propuesta y señaló que, de acuerdo con datos de México Evalúa, hasta agosto de 2020 se tenía un registro de 7 mil 692 personas desaparecidas en el Estado de México.
La iniciativa incluye modificaciones a los códigos Civil y Financiero de la entidad, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
