La oposición al aumento a la tarifa del transporte público de pasajeros en el estado de México crece y crece. Los colectivos que se han opuesto terminantemente al incremento de dos pesos a la tarifa base ahora se proponen desarrollar una asamblea estatal, que conjunte a todos los colectivos opositores a la medida, que aprobada por la Secretaría de Movilidad el pasado 19 de diciembre de 2019, para ponerse en vigor el 1 de enero de este año, pero aplazada para los primeros días del ya cercano mes de febrero.
Quienes se oponen al aumento tienen argumentos convincentes.
Por ejemplo, que el transporte es inseguro. O que los choferes nunca tienen una actitud de servicio. Que el costo-beneficio no se justifica. Que el transporte es desordenado.
Difícilmente se les puede regatear que tienen razón.
Los concesionarios, por su parte, aseguran que los costos para prestar el servicio se han elevado hasta dejarlos con un margen estrecho de ganancia. Que no tienen subsidios. Y que el aumento es una condición para cumplir con los requerimientos establecidos por las autoridades.
Sólo ellos saben cuánto de eso es verdad.
Lo que es un hecho es que en los más recientes aumentos, los usuarios han recibido una dosis de “atole con el dedo”, que por lo visto no están dispuestos a repetir.
Mis cuatro informados lectores lo saben: en mayo de 2013, en la administración de Eruviel Ávila se definieron una serie de condiciones que debía cumplir el tristemente célebre “pulpo camionero” a cambio del aumento en el pasaje. 10 medidas par tener una servicio seguro, de calidad y eficaz.
Aquel decálogo, por ejemplo, imponía la obligación de que los choferes del transporte público de pasajeros utilizaran uniforme —son la excepción quienes lo utilizan—. También que recibirían capacitación y servicios de salud a través del Instituto Mexicano de Seguro Social y el Instituto de Salud del Estado de México.
Se pondría en funcionamiento un sistema de prepago. Habría internet inalámbrico en los autobuses y hasta se establecerían sistemas de información de las rutas y horarios.
Hace seis años y medio se acordó también que se iban a instalar cámaras de videovigilancia, “botones de emergencia” y gps. Por si eso fuera poco, se prometió ampliar el “transporte rosa”.
Ya entrados en promesas, en el caso del valle de Toluca, los transportistas y funcionarios prometieron la creación de “corredores troncales con autobuses modernos, accesibles a personas con discapacidad, equipo de prepago que permitirá disminuir el número de unidades que actualmente circulan, para ello ya se ha firmado un acuerdo con 40 empresas para la creación de estos corredores…”
Pero como el prometer no empobrece, todo se quedó en puras buenas intenciones… Porque como dicen en mi pueblo, “músico pagado toca mal son”: el aumento se materializó y las promesas se esfumaron: ni prepago ni uniforme ni internet ni corredores troncales. El transporte rosa se limita a una empresa y una ruta en Toluca. Y ni hablar de cámaras de videovigilancia, botones de pánico y gps, porque esos requisitos revivieron en la Gaceta del Gobierno del 20 de marzo de 2018 y hasta la fecha apenas unas 15 mil unidades han instalado esos equipos —aunque se han modernizado 43 mil—.
Ya sé: me dirán que el decálogo de marras se ofreció en otro sexenio. Pero el aumento autorizado para febrero pasa por las mismas o semejantes promesas: prepago, capacitación, renovación de unidades, seguridad, gps, cámaras… la misma gata, pero revolcada.
