La atención de los medios de comunicación en torno a la disidencia magisterial en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas se ha centrado en los bloqueos que afectan vialidades y carreteras del país.
Sin embargo, detrás de esas movilizaciones está la suspensión de otras actividades cotidianas que perjudican a millones de personas: traslado de alimentos, de productos agrícolas y químicos, combustibles animales, minerales, materiales de construcción, maquinaria y mensajería, por mencionar algunos.
Otro elemento de las protestas son las pérdidas económicas para los concesionarios de las autopistas y claro está también que, entre más tiempo permanezcan vehículos encendidos haciendo fila para avanzar, la generación de contaminantes de la atmósfera es mayor.
La problemática que genera la CNTE a nivel nacional va más allá de sus manifestaciones: están obstruyendo la actividad laboral, comercial y de servicios de varios estados del país y en consecuencia de sus habitantes.
Lo grave del asunto es que la autoridad federal les deja hacer y se las pasa empezando por los delitos en que incurren al obstaculizar las vías federales de comunicación. En otras palabras, el gobierno federal, si quisiera, ya hubiera aplicado el Código Penal Federal pues tiene de su lado al Artículo 533. Pero la diferencia entre querer y tener es hacer.
