El arriba firmante estaba decidido a tratar el tema de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, excandidata al gobierno del estado de México, por la que recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó al partido Movimiento Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, con 4.5 millones de pesos por una red de financiación irregular llevada a cabo entre febrero de 2013 y julio de 2015 en el ayuntamiento de Texcoco, cuando la maestra Delfina era presidenta municipal.
Pero como cualquier mención sobre la falta ya confirmada por autoridades judiciales y electorales puede ser considerado parte de una “campaña” en contra de la excandidata a la gubernatura mexiquense —y tal vez hasta violencia política de género—, el arriba firmante prefirió no hacerlo y tratar otra cosa que también está de la patada.
Se trata de la coordinación metropolitana entre los gobiernos municipales. Tanto en el caso del valle de México como en el valle de Toluca la solución de los problemas urgentes, como la falta de marmaja, han concentrado las acciones de los nuevos ayuntamientos.
No es para menos. En varios casos los dejaron sin un peso partido por la mitad y con las deudas hasta el cuello. No mencionaré Toluca o Naucalpan, porque también ahí están muy sensibles algunos políticos, así que el señalamiento es general.
De modo que por resolver la urgencia de pagar salarios, negociar con proveedores y acreedores, detectar las anomalías, recuperar la prestación de los servicios públicos, identificar los pendientes y otras “áreas de oportunidad”, los ayuntamientos de las zonas metropolitanas del estado de México —hay al menos tres— se han olvidado de ponerse de acuerdo con sus vecinos más próximos para trabajar en conjunto y atender problemas comunes.
Desde luego, la coordinación metropolitana no es ni novedosa ni original. Existe, ahora mismo en calidad de entelequia. En los últimos tres años poco se ha hecho en materias que requieren la colaboración de gobiernos de dos o más municipios. La seguridad, sin duda alguna, el servicio de limpia, el de parques y jardines, el de vialidad o el alumbrado público.
Al arranque de los actuales ayuntamientos, tampoco se ha hecho profesión de fe concertadora. Pese a que hay necesidades que no reconocen límites geográficos o políticos. Pese a que hay problemas comunes que exigen soluciones conjuntas. Pese a que acciones asociadas podrían ser más eficientes —y hasta rentables—, que cada quien se rasque con sus propias uñas.
