Por cuarto año consecutivo en México registró una caída en su capacidad de combate a la corrupción y al momento se ubica en la posición 12 de 15 países en Latinoamérica evaluados por el Indice de Capacidad de Combate a la corrupción 2023.
Esto es el resultado de algunas prácticas que se han dado desde el gobierno, como son las adjudicaciones directas de contratos, sin licitación, que dejaron de hacer concursos para asignación de obra o contratación sin dar oportunidad a la transparencia.
Adicional a esto, se suman los escasos resultados que ha dado el Sistema Anticorrupción en sus distintas representaciones, ya que los ciudadanos que han llegado a las presidencias en lo local y federal no han tomado en consideración que representan a los millones de mexicanos que confían en tener a un ciudadano en esas mesas de diálogo, así lo considero Gilberto Sauza, Presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México.
“La rendición de cuentas y acceso a la información en los últimos cinco años ha sido menor por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, esto en razón de qué los propios organismos encargados de transparencia no han tenido el recurso, confianza o el apoyo por parte de las propias instituciones de administración pública para compartir la información que la propia ley los obliga”
Qué México pasó de 4.05 a 3.87. en una evaluación de uno a 10, donde los principales elementos son las acciones gubernamentales pide la sociedad civil orientada a transparentar el ejercicio de recosas eliminar actos discrecionales.
Sauza Martínez refirió caso de los puntos que se hace estado en los últimos años están relacionados a la Mejora Regulatoria, en donde se ha regresado a la multiplicidad de trámites, requisitos y tiempo de solución ante un mismo proceso, lo que genera un ambiente en donde lo soborno y la extorsión se convierten en caldo de cultivo.
Señaló que siempre que se deja la discrecionalidad de la autoridad o trámite esto se presta a la generación también de actos de corrupción, por lo que la atención del tema revelarse de manera transversal, desde la sociedad se lo acompañado de un ejercicio de políticas públicas que fortalezcan el estado de legalidad.