Ante la posibilidad de un incremento en el costo del servicio, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC) propuso exhortar a la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense a crear la Comisión Especial para la Revisión y Seguimiento del Aumento a la Tarifa del Transporte Público en el estado de México y su Aplicación.
La iniciativa, presentada por la diputada Ruth Salinas Reyes (MC) durante la sesión de la Diputación Permanente, señala que diversas organizaciones de transportistas han propuesto un aumento en la tarifa, pasando de 12 a 16 pesos por viaje. No obstante, el Código Administrativo del Estado de México establece que dichos incrementos deben ser justificados, en función de la calidad en la prestación del servicio y de las necesidades públicas.
Por lo anterior, el documento enfatiza que, por ser una medida problemática, de alto impacto social y de complejo seguimiento en su funcionamiento, es urgente discutir este posible aumento en una comisión especial de la LXII Legislatura mexiquense.
La propuesta subraya que, para la bancada de MC, los “tarifazos” —que solo afectan negativamente a la ciudadanía— no representan una solución al problema estructural de la movilidad. Además, se cuestiona la justificación de pagar 12 pesos por viajar en unidades en mal estado, que presentan graves deficiencias como falta de higiene, condiciones de inseguridad que favorecen asaltos, acoso sexual y accidentes automovilísticos.
En su participación, la parlamentaria subrayó que es necesario legislar para establecer tarifas preferenciales para grupos vulnerables, estudiantes y personas adultas mayores; dar seguimiento a proyectos como el Metromex y el Mexibús para Toluca; extender las líneas existentes en el Valle de México; así como diseñar una estrategia que permita la inversión en transporte público no concesionado.
De igual manera, propone reformar las atribuciones de la Junta de Caminos del Estado de México con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial, peatonal y ciclista. También para combatir la corrupción y la operación de rutas de taxis y transportes irregulares.
Enfatizó que “ya basta de cargarle siempre la mano a las y los ciudadanos” y agregó que no debe haber excusas ni argumentos en contra que impidan avanzar hacia una legislación integral que garantice el derecho a una movilidad accesible.
En este sentido, la legisladora recordó que el GPMC presentó —el pasado 27 de febrero— una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México y sus Municipios, con el fin de establecer límites legislativos en las concesiones, subsidios y expropiaciones, para regular los costos del transporte público y las cuotas de peaje en autopistas.
