Otorgan nuevo amparo de suspensión en el tren ligero México-Toluca

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Un juez de distrito, en materia de amparos y juicios federales aprobó una nueva suspensión de plano a favor de los comuneros de San Juan Coapanoaya y San Jerónimo Acazulco para retirar a las fuerzas públicas que se encuentran resguardando la zona de construcción del tren interurbano México Toluca.

(Foto: Tomada de redes).

Santiago Pérez Alvarado, representante legal de los quejosos informó está mañana que recibieron el nuevo amparo, con número 1111/2018 que obliga a los elementos de la policía estatal y federal retirarse del lugar, acción con la que los comuneros podrán regresar a la zona afectada para exigir, de nueva cuenta, un diálogo con las autoridades aún en turno y los empresarios para replantear las exigencias de los comuneros.

En este sentido, dijo, buscan presentar en nuevo plan integral sustentable con el cual pretende trabajar con la siguiente administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
8:50 «En el amparo 1111/2018 en el juzgado quinto se nos ha concedido la suspención. En unos ocho o quince días vamos a empezar la reforestación en todo lo que es la zona de los comuneros de San Jerónimo y San Juan Coapanoaya de árboles».
Explicó que las acciones de reforestación, que contempla su plan integral sustentable, ya se están llevando acabó en la zona de la Marquesa en las zonas conocida como «El Pantano» hasta la zona de manantiales, donde se han plantado árboles  del tipo pino, esto con la idea de recuperar las zonas afectadas por la construcción.
Asimismo, indicó que en las próximas semanas acudirán a la zona que es resguardada por alrededor de 500 o 600 elementos tos de seguridad pública estatal y federal, según el propio Santiago Pérez, para llevar a cabo la plantación de árboles  en el perímetro supuestamente invadido por la construcción dejando solo el espacio adquirido para el proyecto del tren interurbano México Toluca.
Tras el nuevo amparo obtenido por el juez federal, insistían en la mesa de diálogo para evitar confrontaciones en la que se exigirá dos puntos fundamentales: pago a los comuneros por terrenos invadidos y la adhesión del plan integral sustentable al proyecto de construcción. En caso de no consensuar un pago a los afectados, se buscará una forma de compensación a los comuneros una vez concluida la construcción. 

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