La LX Legislatura del estado de México pide a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal que el personal de seguridad pública, protección civil, bomberos y cuerpos de emergencia pueda ser contemplado en la primera fase de la estrategia de vacunación.
Y es que el argumento es que estas personas son las primeras respondientes ante una emergencia, lo que los convierte en personal de riesgo y vulnerable a contagio del Coronavirus Covid-19.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, los legisladores también aprobaron el dictamen mediante al cual se sanciona el robo y fraude de tanques y concentradores de oxígeno.
Mediante la reforma al Código Penal del Estado de México, se establecen penas de hasta cuatro años de prisión y de 100 a 400 días de multa a quien cometa este tipo de delitos.
Lo que se busca con esta propuesta es que las personas que abusan de la desesperación de las familias que tienen un paciente por Covid, tengan las sanciones que merecen y se requieren en este tipo de casos.
El tema fue turnado a la comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.
En este mismo tema de la pandemia pero en específico del fallecimiento de las personas y las complicaciones que se han tenido por obtener un certificado de defunción, se presentó un exhorto dirigido a la Secretaría de Salud estatal donde se pide que informe del estado que guarda la expedición de estos documentos; además se pide a la misma instancia y a los gobiernos municipales que puedan informar a la ciudadanía sobre la atención que brindan las unidades que brindan los certoficados.
Durante el análisis y discusión, el grupo parlamentario del partido afín al Gobierno del Estado de México, expresó que los insumos para la expedición de estos es una responsabilidad de la Secretaría de Salud Federal y que la dependencia estatal carece de facultades pata atender el exhorto.
Durante su votación para omitir el procedimiento legislativo y que se pudiera votar como urgente y obvia resolución, fue rechazado y se envió a comisiones.
En este sentido, la diputada del PAN, Brenda Escamilla, aseguró que este punto ya estaba acordado desde la Junta de Coordinación Política y acusó al coordinador Priista, Marlon Martínez, de haber cabildeado para bajarlo.
