¿Te ha tocado escuchar sobre la denominada “pobreza laboral”?, pues si no, es la situación en la que una persona, a pesar de tener un empleo, no obtiene ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de alimentación, servicios de salud, educación, transporte y otros gastos esenciales. Esto implica que el salario recibido no es suficiente para que el trabajador y su familia puedan acceder a una vida digna y segura económicamente.
En México, la pobreza laboral se manifiesta de manera significativa. Al primer trimestre de 2025, el 33.9% de la población se encontraba en esta condición, lo que representa alrededor de 44.2 millones de personas.
Ahora bien, la pobreza laboral afecta de manera desproporcionada a las mujeres, ya que en todas las entidades federativas hay más mujeres que hombres en esta situación; por cada 100 hombres en pobreza laboral, hay 113 mujeres. Además, las entidades con mayor población en pobreza laboral son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con tasas superiores al 50%, mientras que Baja California Sur y Quintana Roo presentan las tasas más bajas, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Lo que tendría que ocurrir es aumentar el salario mínimo, fortalecer el empleo formal y promover reformas laborales que mejoren las condiciones de trabajo. Y de esto son corresponsables el gobierno federal y los empleadores mientras que a los ciudadanos nos toca hacer presión pública. Y es que la presión pública puede impulsar reformas legales y políticas públicas que regulen mejor el mercado laboral
