En reunión de trabajo, las y los diputados integrantes de la comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género aprobaron la convocatoria para integrar el Consejo Estatal Ciudadano que se establece en la Ley de Desaparición de Personas y Desaparición Cometida por Particulares de la entidad.
Este órgano que forma parte del Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Prevención, Investigación y Búsqueda de Personas, estará integrado por ocho familiares de personas desaparecidas, dos especialistas en la protección de derechos humanos y tres representantes de asociaciones civiles en la materia.
Uno de los requisitos para todos los aspirantes es que no ostenten ningún cargo público. Para el caso de los familiares, estos deben acreditar que tienen ese carácter y que su pariente ha desaparecido en alguno de los municipios mexiquenses; los especialistas deberán comprobar su experiencia y manifestar cuales serían sus aportes para esta materia; mientras que los representantes de organizaciones de igual forma deberán comprobar este cargo y tendrán que ser postulados por sus instituciones.
En cuanto al calendario avalado, se espera que la convocatoria pueda ser publicada en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno antes del 17 de junio para que posteriormente, entre el 22 y 26 de junio, se reciba la documentación correspondiente a través del correo electrónico comisiónespecial@cddiputados.gob.mx
Los días 6 y 7 de julio se harán las entrevistas con los aspirantes, el 10 de julio se aprueba la lista de aspirantes y, tentativamente, el 21 de julio se podría estar aprobando en el pleno.
En esta reunión, la presidenta de la Comisión legislativa, Karina Labastida Sotelo, dio a conocer que para que ya se puedan usar los 15 millones de pesos del Fondo para la operación de las búsquedas, que implica la contratación de personal y equipamiento, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos determinó hacer modificaciones al reglamento de contratación pública del Estado de México y Municipios para que pueda darse la adjudicación directa y que de esta forma ya se utilicen los recursos; esto en lugar de que tarde mas el proceso legislativo para modificar la Ley en la materia.
«Se determinó que se tenía que usar de manera urgente porque no podemos esperar a que se tenga que llevar todo un procedimiento de adquisiciones y demás como cualquier otro recurso. Se estaba frenando este fondo, no esta estaba caminando», aseguró la diputada.
En este sentido, las diputadas Araceli Casasola, del PRD, Brenda Escamilla, del PAN y la independiente Juliana Felipa Arias, pidieron que se de un seguimiento de la aplicación de los recursos.
