Al momento la Procuraduría Federal de Protección al ambiente en el estado de México (Profepa) tiene al menos seis empresas clausuradas por inspecciones que se realizaron para verificar el manejo de recibos sólidos, su tratamiento de agua y el cumplimiento de la norma en materia ambiental, teniendo resultados negativos al respecto.
Jorge Santin, inspector de Profepa en el Valle de Toluca, aseguró que una empresa que no cumple con la normatividad permanece cerrada mínimo de tres meses y puede prolongarse hasta un año, además de las sanciones económicas que implica el no cumplimiento de la misma.
Alrededor del 25 por ciento de las empresas que son revisadas impugnan el proceso, sin embargo esto sólo alarga el mismo, pues se tienen que realizar procesos de peritaje, mismos que tienen un costo económico mínimo de 50 mil pesos y que debe ser absorbido por la empresa, además de la sanción económica a la que se hacen acreedores.
Indicó que el cumplimiento de la norma les permite convertirse en proveedores de grandes industrias, el mantenerse en orden con la autoridad y el poder trabajar sin interrupciones.
Entre las fallas más recurrentes que se encuentran en este tipo de casos, están el mal manejo de los residuos sólidos, con la contaminación de agua, suelo y emisiones contaminantes presentes, pues en muchos de los casos se ha encontrado que las empresas incluso incineran los residuos, lo que genera también una falta al estar haciendo emisiones contaminantes al aire.
