Durante la mesa técnica correspondiente al análisis en Comisiones legislativas de iniciativas enviadas por Morena y el PRI, relacionadas con la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios, las cuales plantean por un lado regular su funcionamiento en los municipios mexiquenses conforme al Modelo Homologado de Justicia Cívica; y por otro, establecer reglas mínimas de comportamiento cívico, así como fomentar la cultura de la legalidad que fortalezca la convivencia armónica, con lo que se crearían Juzgados Cívicos en los municipios, los diputados deberán continuar con su análisis, a pesar de llevar hasta ahora cuatro mesas de diálogo, dado que deben analizar la forma de hacer una consulta a las Comunidades y Pueblos originarios.
“Esto ya viene desde el Secretariado Nacional de Seguridad, que de una forma u otra mayor se de facultad a los municipios a través de los Juzgados Cívicos, se pueda generar una atención directa a los problemas que de manera cotidiana se generan entre los propios vecinos”.
Una de las proponentes es la diputada priista Karla Aguilar Talavera, quien informó, que ya habían recibido propuestas y observaciones a la iniciativa original, dando puntual respuesta a inquietudes como las a los requisitos de elegibilidad del personal, del diputado Alfredo Quiroz realizando diversas adaptaciones respecto a los principios de Justicia cívica sobre la participación la de los policías municipales y el procedimiento ante el juzgado.
“Se le dieron contestación por escrito a cada una de sus planteamientos, y por supuesto se acordó invitar al Poder Judicial de la entidad, que el día de hoy nos hace el gran favor el doctor Sadot de poder estar aquí en representación del doctor Ricardo Sodi, con quienes hemos estado generando un trabajo de la manera de manera coordinada”.
Recalcó el deber de estar en sintonía con el modelo homologado que rige a nivel nacional, y que fue aprobado por el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad pública, aunado a dar paso a los Juzgados Cívicos con la finalidad de ser congruentes con lo establecido por parte del Consejo; y que en materia de presupuestos se señala que los municipios tienen acceso a programas y subprogramas con prioridad nacional, que derivan del fondo de aportaciones para seguridad pública, y el fondo para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, con los que se otorgan recursos para invertir en los Juzgados Cívicos, así como en capacitación.
Sin embargo, en una de las participaciones, la diputada Juanita Bonilla, si bien consideró que el dictamen brindaría una mayor justicia en faltas menores, cuestionó sobre la realización de una consulta a los pueblos originarios y afromexicano, así como a personas con discapacidad para que conozcan la legislación, por lo que deberá que continuar el avance del dictamen en análisis para determinar si la Consulta se realizará, antes de expedir la ley, o después de hacerlo, a lo que el representante del TSJEM, Miguel Sadot Sánchez, señaló que para esta disposición los congresos están obligados a realizar consultas previas cuando pudiera haber una afectación a los Pueblos Originarios, por lo que la consulta se debe hacer antes de aprobar la Ley, o bien aprobarla, pero establecer un artículo transitorio sobre su entrada en vigor, que será después de realizar la consulta.
