Se pronuncia Codhem ante señalamientos del gobierno municipal de Metepec

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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se pronunció luego de que la mañana de este lunes, el gobierno municipal de Metepec la exhortó para que actúe con responsabilidad, de forma institucional y a no discriminarlo, ni a sus funcionarios por tener lo que llamó una política-partidista distinta a la suya.

El gobierno municipal afirma que no es tema político ni atenta contra los derechos humanos, se trata de garantizar el estado de derecho (Foto: Especial).

Esto, por la situación derivada en octubre de 2019 cuando el ayuntamiento autorizó en comodato una fracción del Parque la Pila para la construcción de un cuartel regional de la Guardia Nacional y donde el gobierno municipal acusa que personas vinculadas a grupos políticos de administraciones anteriores emprendieron una campaña de desprestigio en su contra, así como de la alcaldesa, Gabriela Gamboa, y donde, incluso, el ayuntamiento advirtió, que ya procedió jurídicamente ante la fiscalía estatal.

En este sentido, la Codhem, a través de un comunicado, se pronunció en contra de cualquier acto que busque limitar, intimidar, criminalizar, o coartar la protesta publica o vulnerar lo derechos  y libertades derivados de la expresión, pensamiento y conciencia de las personas, a tiempo que reiteró su respaldo a la movilización legítima impulsada por el colectivo abracemos el parque La Pila, del que forma parte la activista Juana Bobadilla.

El documento resalta que su titular, Jorge Olvera García, reconoce y saluda la plena disposición de la presidenta municipal para revocar el comodato del 11 de octubre de 2019, establecido en el acuerdo 302/2019 y la aprobación del cambio de uso de suelo y destinar una hectárea del parque la Pila, para la instalación de una base de la Guardia Nacional.

Sinn embargo, señala que, las personas manifestantes deben ejercer su derecho sin temor a sufrir persecuciones, amenazas, violencia física o represión por parte de los agentes del Estado.

También destaca que las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia deben considerar que ninguna persona, activista o integrante de los colectivos puede ser criminalizada o penalizada por ejercer su derecho a la libertad de reunión pública , de asociación y de manifestación.

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