La decisión del gobierno federal de apoyar a las familias que viene en zonas con mayor nivel de vulnerabilidad de ser cómplices del robo de combustible (huachicoleo) puede traer consecuencias contraproducentes en los aspectos económicos, sociales y políticos durante la administración del Andrés Manuel López Obrador.

Al término de la conferencia «Huachicol, Sociedad y Gobierno, perspectivas social, económica, política y legal» dictada por especialistas en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey campus Toluca, el analista político, Luis Ortiz Monasterio, hizo referencia a las medidas que se han implementado en pasados sexenios que, lejos de contribuir al equilibrio económico y social, repercute en las actividades que emprendían las personas de escasos recursos dedicadas a la agricultura, puesal percibir apoyos económicos por parte del gobierno, abandonaban sus comunidades y trabajo.
«Destrozaban la vida comunitaria, la gente empezó a dejar sus campos, empezó a dejar sus comunidades con objeto de vivir con los 500 pesos mensuales que recibirán por cada hijo. Yo sí tengo mucha desconfianza de estas medidas».
Si bien reconoce el apoyo que brindó el presidente de México a las familias con mayor nivel de pobreza en estas zonas, esta es una medida «justiciera» es una decisión de inocencia en el escenario mexicano.
Por su parte, el sociólogo, Guillermo García Santín, coincidió en que los apoyos sociales entregados a familias de escasos recursos han condicionado la vida de algunas personas quienes deciden subsistir a base del asistencialismo sin generar beneficios a la sociedad, por lo que los recursos destinados a estos apoyos deberían ser utilizados, en mayor medida, a la generación de empleos formales con buenos salarios y prestaciones de ley.
Finalmente, el economista, dirigido su comentario respecto a este apoyo del gobierno federal hacia la falta de sanciones para quienes participaron y participan en este delito, pues sí bien, insisten en no recriminarlizar a las víctimas es necesario aplicar sanciones y no premiar a quienes afectan el equilibrio social y económico del país.