El ombudsperson mexiquense Jorge Olvera García, asistió a la ceremonia del 40 aniversario de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la creación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), donde se firmó la Declaración de San José entre la Corte Africana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo y la CIDH.
El objetivo del documento, que firmó el presidente de la Corte Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y sus homólogos Dulzaina Oré de África y Guido Raimundo del Tribunal Europeo, y como testigo de honor el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, es establecer un foro permanente de diálogo institucional para fortalecer temas y acciones en la materia, a las instituciones democráticas y el acceso a la justicia internacional de las personas bajo su jurisdicción.
En dicho marco, el ombudsperson mexiquense y el presidente de la CIDH reiteraron que signarán un convenio de colaboración.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, sentenció que la razón de ser del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son las personas y se ha avanzado en el reconocimiento de las prerrogativas, con miras a impactar en la calidad de vida de los seres humanos.
Ante más de 600 representantes de diversos países del mundo y expertos en la materia, Ferrer Mac-Gregor Poisot confió que las nuevas generaciones del continente tengan los ideales de justicia y de un mundo mejor para todas las personas, sin discriminación.
Agradeció a Costa Rica por haber sido la sede de la CIDH durante 40 años de historia y recordó que en sus primeros ocho años de existencia la labor de la Corte Interamericana fue esencialmente constructiva, al contribuir al desarrollo del derecho internacional y al de los derechos humanos, así como establecer restricciones a la pena de muerte, fomentar la libertad de pensamiento y expresión como piedra angular de la democracia, entre muchas otras contribuciones.
Precisó que a la fecha, la Corte ha emitido 25 opiniones consultivas, importante función del tribunal que se ha visto revitalizada y los Estados retomaron la facultad de tomar en cuenta la opinión de la CIDH en temas fundamentales y actuales de derechos humanos como la situación de niñas y niños migrantes, la no discriminación por orientación sexual, equidad de género y medio ambiente.
Las opiniones consultivas han resultado útiles para que los Estados a través del diálogo, consoliden y precisen sus orientaciones en la materia y respeto a las sentencias, recordó que hace tres décadas se emitió la primera en el caso Velázquez Rodríguez «que hoy es parte del patrimonio jurídico del continente, con lo que se establecieron los primeros estándares sobre desapariciones forzadas de personas y las obligaciones de los Estados frente a graves violaciones de derechos humanos».
Por su parte, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Margarette May Macaulay precisó que en la 29a comisión hubo gran cantidad de informes de inadmisibilidad como nunca en toda su historia y más del doble de admisibilidad; y se aprobó más de dos veces la cantidad de informes con cuestiones de fondo ese mismo año.
Por ello se decidió empezar una nueva etapa en el diseño e implementación de las medidas para abordar el rezago de procedimientos y continuar con el plan estratégico.
Otro objetivo es abordar medidas preventivas y factores que dan cabida a violaciones de derechos humanos, con base en los mecanismos y capacidad de la Comisión para coordinar tiempos.
El tercer objetivo es promover la democracia, la dignidad humana, justicia y libertades fundamentales mediante una contribución activa al fortalecimiento de las instituciones y políticas públicas, un enfoque en derechos humanos de conformidad a los estándares interamericanos y la construcción de la capacidad para actuar con organizaciones y redes no gubernamentales.
