Producto de la violencia del crimen organizado en los últimos 10 años la región sur del estado de México experimenta un nuevo fenómeno migratorio, el de la Migración Forzada convirtiéndose ya en un problema estructural por la desarticulación de las comunidades.
Silencioso y no reconocido ni por las autoridades municipales o estatales entre las comunidades persiste del despoblamiento hormiga, pero motivado no por factores económicos sino ante el temor de la criminalidad y la muerte.Así lo sostiene Enrique Damian Palma Martinez, investigador en dinámica migratoria de la UAEM, al destacar que la irrupción de la violencia relacionada al combate del Estado Mexicano al narcotráfico, ha propiciado las condiciones sociales necesarias para la multiplicación de este fenómeno.
«No se puede atender una problemática si antes no se reconoce y el estado mexicano en ese sentido creo que tiene una obligación y deber de reconocer la problemática, derivado de sus mismas acciones».
Si bien no con la misma intensidad que otras entidades, dice, el estado de México no es ajeno a esta dinámica, especialmente en la región Sur, por lo cual municipios con una larga tradición migratoria, como Tejupilco, Luvianos Tlatlaya,
«Se están modificando los patrones migratorios pasando de un factor migratorio internacional a cada vez más el número de desplazados internos relacionados con la violencia».
El denominado Triángulo de la Brecha, zona medular para el trasiego de la droga, es el territorio donde se agudiza este fenómeno por la confluencia entre los estados de México, Guerrero y Michoacán.
Esto porque sus condiciones orográficas la convierten en una zona ideal para el establecimiento de los denominados narcolaboratorios donde se producen drogas sintéticas, además de ser ruta de enervantes hacia los Estados Unidos.
«Grupos delictivos como la Familia Michoacana, Los Pelones, Zetas, Guerreros Unidos, Caballeros Templarios o el Cártel Jalisco nueva generación se disputen la plaza multiplicando la violencia, extorsiones, secuestros, entre otros crímenes».
Con ello el día de hoy las familias, asegura, se ven obligadas a la migración forzada de tipo interna para escapar de este contexto, pues la violencia vinculada al crimen está propiciando las condiciones necesarias para que emerja un nuevo perfil de migrante.
«Tienen las dos opciones, son las dos sopas, o incursionas en la delincuencia organizada o te vas son las opciones que tienen (…) hay hechos muy puntuales que se han suscitado en el sur de la entidad relacionados con la violencia y el narco, asesinato de autoridades municipales, secuestro y relacionado con la violencia del estado el caso de Tlatlaya», reprocha.
Los municipios a los que llegan, detalla, son principalmente a los del valle de Toluca. La existencia de desplazados implica, por sus condiciones, una problemática bidireccional,
Por una parte, el asunto de la seguridad en los municipios de origen, y por el otro lado los municipios mexiquenses que se están convirtiendo en receptores de los desplazados, quienes reclamarán servicios públicos, empleo, salud, y educación.
«Las administraciones locales están a tiempo de procurar que los efectos negativos no se acumulen y se conviertan en el mediano plazo en una problemática sin solución».
Antecedentes
En el 2007 es asesinado el exalcalde de Zacazonapan, José López Cabrera.
El 20 de mayo de 2008, un comando armado irrumpió en Luvianos y ejecutó al maestro Ranferi González Peña, supervisor escolar de zona.
En octubre de 2009, se dio un enfrentamiento en el municipio de Luvianos, entre los pelones y la familia michoacana, con un saldo de dos muertos, y dos más, que presuntamente fueron levantados por los sicarios.
El 19 de agosto de 2011 fue “levantado” y asesinado el alcalde de Zacualpan, José Eduviges Nava.
El 3 de julio de 2012, un comandante de Zacazonapan, Joaquín Rosales Salazar, fue asesinado en el paraje de El Caballito, cerca del municipio de San Martín Otzoloapan. Rosales era jefe de la Región IX adscrito a Valle de Bravo.
El 3 de agosto de 2013, en la comunidad de Ojo de agua de Luvianos, fue abatido el presunto jefe de operaciones criminales de la familia michoacana en la Tierra Caliente del Estado de México, Pablo Jaimes Castrejón, alias “La Marrana”, después de un enfrentamiento con efectivos militares.
En febrero de 2014, es secuestrado el exalcalde de San Martin Otzoloapan, Santos Cabrera.
Asesinato extra-judicial, el 30 de junio de 2014, en la localidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, de 22 personas, la mayoría jóvenes de entre 15 y 23 años por el 102 batallón del ejército mexicano.
Entre julio y agosto de 2014, diez personas fueron secuestradas en el municipio de Valle de Bravo, lo que implicó la entrada a la demarcación de la recién creada Gendarmería Nacional.
