Violencia e impunidad sigue en aumento

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En México, la crisis de violencia e impunidad sigue en aumento. Una investigación  de “Impunidad Cero”, indica que el año 2019 superó al 2018 como el año más violento en la historia del país. 

El estado de México, se menciona que ocupa el segundo lugar, tan solo después de Veracruz, en el número de casos de feminicidio con 126 casos, del universo, se obtuvieron 56 sentencias condenatorias y tres absolutorias (Foto: Sonia Vilchis).

Tan solo el año pasado cerró con 34 mil 608 víctimas de homicidio doloso y mil 012 de feminicidio, siendo, en ambos casos, el año con mayor cantidad de víctimas para estos delitos, desde que se tiene registro.

Para el caso de feminicidio, la impunidad en el año 2019 fue de 51.4 por ciento, es decir, que cinco de cada 10 feminicidios no obtuvieron una sentencia condenatoria; sin embargo, varios estados no respondieron el número de sentencias condenatorias para este delito, indica la investigación. 

Con relación al estado de México, se menciona que ocupa el segundo lugar, tan solo después de Veracruz, en el número de casos de feminicidio con 126 casos, del universo, se obtuvieron 56 sentencias condenatorias y tres absolutorias.

Misma que concluye que revertir y  romper la tendencia de impunidad y violencia en México no es una tarea fácil. Toda vez que la impunidad en homicidio doloso para 2019 fue de 89.6 por ciento, la más alta registrada hasta el momento a nivel nacional.

La documentación de Impunidad Cero, señala que los tres estados con mayor impunidad en homicidio doloso son: Morelos (99.6%), Oaxaca (99.4%) y Guerrero (98.8%).

En tanto, que los tres estados con menor impunidad en homicidio doloso son: Yucatán (24.4%), Nuevo León (35.9%) y Aguascalientes (42.2%).

En el apartado de feminicidio, se indica que los estados con mayor impunidad en feminicidio son: Baja California Sur (100%), Guerrero (93.8%) y Jalisco (86.7%).Y las entidades  con menor impunidad en feminicidio son: Yucatán (0%), Guanajuato (0%) e Hidalgo (10%).

Por lo que se concluye que es responsabilidad de las autoridades crear las estrategias necesarias para, particularmente, lograr disminuirlos y para mejorar las capacidades de investigación y garantizar justicia a los que ya se cometieron.

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