El Instituto Nacional Electoral, ente regulador de los procesos electorales en el país, quiere construir una casototota que le costaría al erario público la friolera de mil millones de pesos.
No sé qué le verán Lorenzo Córdova y sus muchachos —léase consejeros electorales— a su actual sede que quieren otra más grande y onerosa, con canchas deportivas, áreas verdes y estacionamiento automatizado, entre otras cosas.
De hecho, mil millones es mucho dinero. Muchísimo para una institución que en los últimos años ha abogado por la austeridad de los políticos, los candidatos, los partidos y los procesos electorales, aunque no sea así cuando se trate del salario de los consejeros, la contratación de trabajadores por honorarios y la planeación de nuevas oficinas.
El INE es, en este sentido, inconsecuente.
Lo puede decir casi cualquier candidato a un cargo de elección popular en las pasadas campañas electorales: los empleados del INE les contaron cada centavo que se gastaron, cada grapa que utilizaron, cada clip y cada mililitro de gasolina.
Pero no parece ser así en el caso de sus gastos. Porque mil millones para una casa nueva, que no es indispensable para el INE, es un gasto excesivo. Contratar 24 mil empleados eventuales, por honorarios, en un año no electoral, como el 2016, parece un dispendio.
Sin olvidar que el proyecto de la nueva residencia quebranta las normas urbanas de la zona donde se pretende construir.
El garante de nuestra democracia. El INE.
