La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) recibió en comunicado oficial firmado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura, Ricardo Sodi Cuéllar, la aceptación de la Recomendación General 1/2020 sobre la Atención a la Pandemia por Covid-19 con Perspectiva de Derechos Humanos, así como el informe de cumplimiento.
A lo anterior, el titular de la Codhem, Jorge Olvera García, expresó su reconocimiento al Poder Judicial por la diligencia con que fue atendido el punto recomendatorio que en particular le fue dirigido, en relación con acciones destinadas a la preliberación de personas privadas de libertad (PPL) que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Jorge Olvera estimó de gran valía la respuesta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ya que “lo consideramos como un acto histórico en favor de la protección y defensa de los derechos humanos de las y los mexiquenses, así como de quienes transitan por el territorio estatal, muestra de voluntad política y profesionalismo en pos de la justicia.”
Asimismo, el magistrado presidente Sodi Cuéllar refrenda el compromiso del Poder Judicial de coadyuvar con la Codhem por ser una cuestión de orden e interés general y señala que la aceptación de la Recomendación General 1/2020 permite reafirmar el compromiso institucional de respeto irrestricto a los derechos humanos y dar cuenta de las medidas implementadas para enfrentar la situación de apremio a nivel mundial.
En atención a la recomendación única al Poder Judicial de despresurizar los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social de la entidad e implementar un programa técnico-jurídico, para agilizar la integración de carpetas de ejecución y otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada, en el marco de la pandemia de COVID-19, el informe precisa el trabajo coordinado con el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad, mediante el cual, al 5 de mayo, se concedió la libertad a 634 personas, por cuestiones humanitarias o estar en situación de vulnerabilidad por su edad avanzada, enfermedad terminal, pacientes psiquiátricos, a mujeres embarazadas o con hijos, mediante el mecanismo de brazalete electrónico como sustitutivo de la pena.
Con ello y otras acciones reportadas, aclara, el Poder Judicial asume y atiende la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas y en especial de quienes pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad; así como dar continuidad a los servicios que garanticen la seguridad jurídica a la población, principalmente a través del uso de herramientas tecnológicas y en casos que requieran la presencia de las personas, observar las medidas de protección pertinentes para salvaguardar la integridad personal y el derecho a la salud.
Detalla que el Poder Judicial mexiquense ha actuado en cumplimiento a todas las disposiciones federales y estatales derivadas de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV2, al adoptar las medidas necesarias para la protección de la salud y bienestar del personal, así como de las y los usuarios, con el propósito de prevenir la propagación regional comunitaria del virus; lineamientos que fueron publicados en el periódico oficial de la entidad.
