Las comisiones unidas de Seguimiento de la Operación de Proyectos para la Prestación de Servicios, la de Planeación y Gasto Público y la de Finanzas Públicas continuaron con el análisis de la iniciativa del Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, en torno al proyecto de rehabilitación y mantenimiento de mil 637 kilómetros del sur mexiquense, a través del esquema de Asociaciones Público Privadas para 45 municipios.
En esta reunión de trabajo se contó con la presencia del Secretario de Comunicaciones mexiquense, Luis Gilberto Limón Chávez, quien aseguró que debido a que estos caminos no han sido atendidos durante años, es primordial que ya se les ponga atención ya que es una de las zonas con mayor marginación de la entidad.
“Es un tema de reclamo social, es un tema de justicia para el sur, un tema de reclamo d la ciudadanía del sur. Si bien les decía, hay un reclamo del tema del agua, hay un tema de reclamo de seguridad lo que más tenemos de una demanda bien legitima es el tema del estado de los caminos”, destacó.
Dijo que dentro de este esquema quien asume el riesgo es el inversionista y si este no entrega los resultados necesarios, no comienza a operar el esquema de mantenimiento que es cuando el Estado comienza a pagar la obra por un período de 12 años.
Uno de los cuestionamientos más recurrentes fue el hecho de que esto significaba una deuda para el Estado de México pues al final el Gobierno mexiquense adquiere el compromiso de pagar a lo largo de 10 años porque los primeros dos años corre la inversión por la empresa; al respecto Alejandro Busto, secretario particular del Secretario de Comunicaciones estatal, dijo que mas bien se trata de gastar el dinero de una forma clara.
“No es una deuda es considerar dentro de las previsiones de los siguientes años como primer renglón de lo que tenemos que pagar en el presupuesto, sea lo que sea, esta contraprestación”, señaló.
Por su parte, la diputada Beatriz García Villegas, enfatizó que las empresas que vayan a participar deben cumplir con el requisito de que no estén relacionadas con actos de corrupción en el país o a nivel nacional.
