Concaam y Procuraduría Agraria firmarán convenio en favor del campo mexiquense

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Con el objetivo de acercar la justicia agraria a los municipios y combatir las prácticas de gestores ilegales, conocidos como ‘coyotes’, la Confederación de Colegios de Asociaciones de Abogados de México (Concaam) y la Procuraduría Agraria en el Estado de México firmarán un Convenio de colaboración. Al respecto, José Neira García, secretario general de la Concaam, y Gonzalo Estrada, procurador agrario en la entidad, detallaron los alcances de este acuerdo que busca llevar soluciones a la sociedad rural.

José Neira García, secretario general de la Concaam, y Gonzalo Estrada, procurador agrario en la entidad (Foto: Manuel Luna).

Por una parte, José Neira enfatizó que el convenio busca integrar, y no confrontar, para llevar la justicia agraria a todos los municipios necesarios, con el propósito principal de proporcionar seguridad jurídica sobre los bienes de la población, ayudándolos a verificar el estatus de sus ejidos, regularizar propiedades y realizar los trámites legales pertinentes.

“Vamos a llevar la justicia agraria al municipio que sea necesario de la mano primero, de los presidentes municipales, independientemente de su corriente, se trata de integrar, no de confrontar, y de llevarle soluciones a la sociedad. Llevar, por ejemplo, asesores jurídicos, checar su estatus, por ejemplo, de su ejido, cómo compraron, regularizar sobre todo eso, darles esa seguridad jurídica de sus bienes a la población.”

El presidente de la Concaam señaló una laguna en la formación de los abogados, ya que el Derecho Agrario es una materia optativa en muchas universidades, o incluso inexistente, por lo que se comprometió a promover esta rama del derecho y buscar estrategias, posiblemente con universidades de prestigio como la UAEM, para ofrecer especializaciones en la materia. Y es que señaló, la capacitación es fundamental, dado que el Derecho Agrario se vincula con áreas como el derecho energético y ambiental.

Subrayó también la importancia de informar a la ciudadanía que muchos trámites son gratuitos en las instituciones: «Yo creo que más bien aquí la obligación del abogado no es ni siquiera instruirlos, no es una cuestión de destruir, es una cuestión de informar, informar de este trámite es gratuito, este trámite tienes que acceder a esta institución, a esta oficina y que ellos sepan que ellos pueden hacerlo porque además, sí llega a ser oneroso, la contratación de servicios profesionales es oneroso, y creo que en un país donde la mayoría de la población vive en pobreza o en extrema pobreza, la obligación de nosotros como abogados es decirles la verdad».

Esto busca evitar que los ciudadanos paguen por servicios que no deberían tener costo, o que caigan en manos de «coyotes» que cobran de manera onerosa por trámites sencillos.

Por su parte, el procurador agrario Gonzalo Estrada Cervantes, detalló el aporte de la Procuraduría, para capacitar a los abogados ya colegiados y lanzar un llamado personal para que los abogados agrarios de todo el país se colegien. 

«Lo que nosotros estamos intentando ah aportar es justamente capacitar a su vez a los propios abogados ya colegiados, por una parte; por otra parte, yo quisiera y ya como una iniciativa también personal, no solamente por el tema del servicio público, hacer un llamado a los abogados agrarios de todo el país de los que aunque ya no estén en nuestra institución, todos para podernos colegiar también, porque en la medida que nos colegiemos, también nos exige mayor capacitación, mayor preparación y mayor prestigio».

Asimismo, el convenio contempla que abogados colegiados brinden pláticas de derecho en general en los Centros de Atención Agraria de la Procuraduría, beneficiando a las tres millones de personas que viven en el campo mexiquense y necesitan conocimientos no solo de derecho agrario, sino de otras ramas.

El principal beneficio para los poseedores de tierras ejidales y comunales, reiteró el procurador, es la certeza jurídica de sus propiedades y posesiones, ya que es el tema más grave del Estado de México, tanto en su parcela en la que trabajan, como en el solar urbano donde viven. Por lo que finalizó, se tiene que partir del principio base, de que tienen que tener su propiedad bien regularizada.

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